A medida que pasan los días y se conocen detalles de los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils, sube el grado de perplejidad pública sobre el desarrollo de las investigaciones, llevadas a cabo en exclusiva por la política autonómica catalana, al margen de toda relación con los cuerpos especializados en la lucha contra el terrorismo. Es obvio que los crímenes cometidos en Cataluña rebasan ampliamente el ámbito regional e incluso el nacional, porque todo delito de esta naturaleza afecta a toda la comunidad internacional que se mueve a partir de una cooperación indispensable para el éxito de las investigaciones. No resulta baladí, por demás, recordar que el yihadismo es un fenómeno global que no conoce fronteras y que, precisamente por eso, el arma más eficaz para combatirlo es la coordinación de los centros de inteligencia de todo el mundo.

Resulta, por otra parte, que todas los cuerpos y fuerzas de seguridad especializadas en la lucha contra el terror del radicalismo islámico, especialmente el centro nacional de inteligencia, vienen funcionando de manera que no deja lugar a dudas sobre su eficacia. Los Mossos de Esquadra catalanes, que forman parte de esos cuerpos, han preferido actuar solos en este caso tan dramático de los atentados, así como en la explosión del almacén de explosivos de Alcanar. Pero, a todas luces, no ha sido por iniciativa propia sino siguiendo las instrucciones políticas de una Generalitat inmersa en un proceso de independencia que, de alguna forma, ha querido ensayar en un asunto tan sensible como la seguridad, al margen de la imagen pública de unidad política que se ha dado por la inmediata iniciativa del Gobierno y de la Casa Real. En todo caso, lo ocurrido debe servir de lección y aviso para otra ocasión, que ojalá nunca vuelva a ocurrir.