Las nuevas directrices del Departamento de Seguridad Nacional a instancias del Presidente Donald Trump, que autorizan las deportaciones masivas de personas sin documentos, supone el fin de un ciclo en la política de seguridad interior de los EEUU, pero son también una respuesta demagógica a un problema real, una respuesta que no resolverá el problema y en cambio pone en riesgo el sistema de derechos y libertades. Con esta norma se criminaliza injustamente a quienes han llegado a esa tierra fascinados por el sueño americano, a los que se pretende expulsar en vez de integrar. Se trata de una política que busca la complacencia  de un sector social encolerizado, pero que no responde a las raíces profundas de su malestar. Los valores de acogida que han conformado la cultura americana en su historia son reducidos ahora a la mínima expresión en medio de una política de trazo grueso. El Papa Francisco, en un reciente discurso al VI Foro Internacional Migración y Paz, ha insistido en que es “urgente un cambio de actitud para superar la indiferencia y anteponer a los temores una generosa acogida”. Integrar a los inmigrantes es un “imperativo moral” que se debe llevar a cabo con instrumentos jurídicos claros y adecuados, con medias constructivas y no con la tosca salida de la expulsión masiva.