Más de una decena de asociaciones civiles, sociales y educativas, integradas en la Plataforma por las Libertades, han solicitado ante el Defensor del Pueblo la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Género aprobada por la Comunidad de Madrid el pasado 22 de julio,  que ya ha sido esgrimida para cerrar una web o investigar a un colegio. La Ley establece que realidades como la homosexualidad o la bisexualidad son siempre positivas y establece un régimen sancionador para quien sostenga lo contrario. Como afirma Benigno Blanco, ex presidente del Foro de la Familia y cofundador de Red Madre, se trata de una suerte de confesionalismo de género, porque con estas leyes el Estado asume una ideología concreta sobre la sexualidad. Son leyes gravemente injustas, en buena medida liberticidas, porque rompen un principio básico de las democracias, el principio de neutralidad ideológica del Estado en el seno de una sociedad pluralista. Una eficaz propaganda hace que se manipule a la opinión pública desde el propio título. No son, en absoluto, leyes que luchen contra la discriminación por motivos de orientación sexual. En este sentido, no hacen sino reproducir normas ya vigentes. Su verdadera y peligrosa novedad es, en cambio, que tratan de imponer la ideología de género en todos los sectores de la vida pública y privada, vulnerando así libertades y derechos humanos fundamentales.