Varios hoteles de Calella, localidad próxima a Barcelona gobernada por el PDeCAT, entre ellos el Palmeras, el Catalonia y el Vila, han instado a 500 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil a que abandonen sus instalaciones después del referéndum ilegal del 1-O, hechos que la Fiscalía General va a investigar para ver si ha habido "amenazas o presiones ilegales" sobre los hosteleros. Según algunas fuentes la propia alcaldesa de Calella, ha sido la que ha llamado directamente a los directores de los hoteles advirtiéndoles de que o echaba a los agentes o paralizaba licencias de reforma pendientes.

Además otro grupo de agentes antidisturbios de la Policía Nacional iba a ser desalojados este martes de dos establecimientos en Pineda de Mar (Barcelona). El gerente de ambos hoteles ha asegurado que se han visto obligados "bajo la amenaza de cierre durante cinco años" por parte del Ayuntamiento. Finalmente no abandonarán los hoteles donde la reserva esté en vigor, tal y como ha confirmado el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido.

En 'Herrera en COPE', Bartolomé Barba, coordinador en Cataluña de la Asociación Española de Guardias Civiles, ha calificado estos hechos de “lamentables” y ha mostrado su “repulsa" ante los episodios de violencia callejera que están sufriendo "al más puro estilo batasuno". Además ha planteado "hasta qué punto los escaches sistemáticos son tan espontáneos como están vendiendo" .

Bartolomé Barba reconoce que los propios agentes se han ido de los hoteles "por evitar problemas a los empleados del centro”. “Imagínese el nivel de miedo”, ha lamentado.

"Han señalado a los niños que no se mostraban en contra de la violencia policial represora"

El portavoz de la Guardia Civil considera una “paradoja" que sean los delincuentes los que persigan a la policía ante la "pasividad de los Mossos".

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Asegura que los propios guardias civiles tienen que actuar para protegerse y que ya están “hartos”.

En esta línea, ha contado que en el instituto donde estudia su hijo los profesores dejaban sin recreo a los niños cuyos padres “no estaban en contra de la represión policial, una actuación por la que presentarán acciones judiciales por acoso, delito de odio y xenofobia”.