¿Se imaginan que una empresa no supiera exactamente cuántos trabajadores tiene? Pues eso es un poco lo que le sucede al Estado en su conjunto. Entre administración central, autonomías, entes provinciales, locales, empresas públicas y demás, España no sabe cuántos trabajadores públicos tiene. El gobierno ha anunciado ahora que pretende acabar con esa situación.

Cuatro meses. Ese es el tiempo que se ha dado el Gobierno para solucionar el gran misterio de cuántas personas cobran en este país un sueldo pagado por los contribuyentes.

Las fuentes a las que acudir para comprobar dicha información te dejan con más dudas que otra cosa.

Según el Boletín Estadístico de Personal Público, en España hay dos millones y medio de empleados públicos; según la Encuesta de Población Activa, son tres millones; según la Seguridad Social son 3,1 millones, y según la Agencia Tributaria el número se acerca a los tres millones cuatrocientos mil.  Es decir, dependiendo de la fuente que se elija, la diferencia es de hasta 900 mil trabajadores. Casi un millón de empleos bailando por España.

Este descontrol se debe, entre otras cuestiones, a la opacidad de las diferentes administraciones y al hecho de que utilizan estadísticas diferentes.

El problema es que así es muy difícil saber a cuántos interinos podría beneficiar la próxima reforma del Gobierno. El Ejecutivo quiere reducir la temporalidad de los interinos del 25 al 8 por ciento, pero sin una base seria es complicado.

Por eso, allá por 2012 el Gobierno intentó aclarar las estadísticas, en el marco de la reforma de la administración pública. Pero la buena voluntad del gobierno no ha tenido muchos resultados porque se ha topado con la maraña de las administraciones.

Y eso que el año pasado empezaron a contabilizarse a quienes tienen un contrato inferior a seis meses en la Administración Central, al personal en formación, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al personal en reserva de las Fuerzas Armadas o al personal en segunda actividad de la Policía Nacional.

Pero, como cuenta este lunes el diario ABC, en el “Boletín de Personal al Servicio de la Administración” se sigue sin tener en cuenta a los trabajadores de empresas públicas, fundaciones, mutuas, consorcios y el sector público no administrativo de las administraciones públicas, cargos electos, o al personal al servicio de órganos constitucionales, amén de todos los cargos equivalentes en las comunidades autónomas.

Muchos trabajadores y muchos sueldos que deberían estar negro sobre blanco para poder optimizar el gasto público y mejorar el funcionamiento de los servicios básicos.

Teniendo las cuentas claras, se podrá ofertar mejor empleo público, se podrá valorar más a muchos funcionarios a los que tienen, contra su voluntad, poco aprovechados, y, algo muy importante, podremos ser más eficientes.