La Fiscalía Provincial de Madrid solicita trece años y 9 meses de prisión para la expresidenta del Rayo Vallecano Teresa Rivero Sánchez-Romate, por sendos delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el pago del IVA y del IRPF durante los ejercicios fiscales de 2005, 2006, 2007 y 2008.

En su escrito de acusación el represente del Ministerio Público pide las mismas penas para otros antiguos gestores del club: Álvaro Ruiz-Mateos Rivero (apoderado), Jesús Fraile Delgado (gerente), asi como para otro hijo de la presidenta, Francisco Javier  Ruiz-Mateos, y para Gema Barrasa Soto.

Para la Fiscalía fueron los acusados citados, “quiénes de común acuerdo y despreciando conscientemente las responsabilidades que podrían originar su designación e intervención y asumiendo las consecuencias de las decisiones que aceptaron  articularon los mecanismos necesarios para procurarse un ahorro fiscal ilícito eludiendo consciente y voluntariamente el pago de tributos”.

Teresa Rivero ostentaba la condición de Presidenta del Rayo Vallecano en los años citados, Gema Barrasa asumió la condición de secretaría del Consejo de Administración, Jesús Fraile de apoderado, consejero y gerente y Francisco Javier Ruiz Mateos así como Alvaro Ruiz Mateos, gestores de hecho efectivos de la sociedad,  todos ellos eludieron el pago a Hacienda entre los años 2005 a 2008.

Las penas que se solicitan suman un total de 13 años y 9 meses de prisión al tratarse de 8 delitos fiscales y pidiendo en 5 de los delitos imputados, la pena mínima prevista en el Código Penal y en los otros 3 restantes penas muy próximas al umbral más bajo.

Por otro lado, Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, acudió este jueves a los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) para presentar "parte de la documentación" requerida por el juez la pasada semana tras admitir a trámite la querella penal presentada por la Asociación de Accionistas ADRV en relación al esclarecimiento de los hechos relativos a la gestión de la Sociedad Anónima.

Raúl Martín Presa, acompañado de su abogado, llegó al Juzgado de Instrucción nº47 de Madrid junto con Luis Yañez, director general del Rayo, y José María Sardá, vicepresidente de la entidad.

El presidente del Rayo estuvo dentro del juzgado unos cuarenta minutos y, durante la declaración, presentó "parte de la documentación relativa a la Fundación" requerida por el juez, según informó Ignacio Ferrer Bonsoms, abogado de la Agrupación ADRV. La Asociación ADRV espera ahora estudiar la documentación y conocer la decisión del juez de continuar con el procedimiento o archivar la causa en un plazo que estiman sea de entre diez y quince días.

Este inicio de diligencias de la querella penal contra el presidente Raúl Martín Presa se inició la pasada semana al estimar el juez que el caso cumplía los requisitos establecidos por el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y siguientes de procedente aplicación, según el bufete de abogados Ferrer & Bonsoms, representantes legales de la ADRV.

Las irregularidades manifiestas eran relativas a la "gestión de la Sociedad Anónima, y especialmente las referidas al movimiento de más de 9,2 millones de euros desde el Rayo Vallecano a la Fundación Rayo Vallecano, sin explicación por parte de los auditores, que además no firmaron las cuentas hasta meses después".

Además, los demandantes solicitaban una explicación de los "casi cuatro millones de euros gastados en la filial del Rayo Oklahoma, además de la no comparecencia en el Acto de Conciliación de hace varios meses".