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Por presunta administración desleal

Abren juicio contra el intermediario en el traspaso de Casillas al Oporto

Santos Márquez habría dejado al margen de la operación que acabó con el traspaso de Casillas al Oporto a unos empresarios de Mallorca, socios suyos, que le reclaman la comisión y los gastos de dicho fichaje.

Casillas
Iker Casillas.  | HANNIBAL HANSCHKE
  • EFE

 El juez de Instrucción número 8 de Palma ha abierto juicio oral por presunta administración desleal contra el agente de deportistas Santos Márquez, quien medió en el traspaso del portero Iker Casillas al Oporto, y le ha reclamado fianza de 550.000 € para asegurar las responsabilidades que se le pudieran imponer.

La apertura de juicio por administración desleal en relación con estafa deriva de la querella de unos empresarios de Mallorca que tenían contrato con el acusado y a quienes habría dejado presuntamente al margen de la operación de traspaso de Casillas al Oporto y de la comisión.

Según la Fiscalía y la acusación particular, los querellantes y el acusado se hicieron socios en 2008 para la intermediación, representación y asesoramiento de futbolistas. En el verano de 2015, el agente inició actuaciones para la contratación de Casillas por parte del Oporto y para esa actividad estuvo percibiendo fondos de dicha sociedad.

Con el fichaje del portero, Santos Márquez percibió unas cantidades por intermediación y asesoramiento y, con el ánimo de obtener un beneficio económico, pretendió que se desviaran a otra empresa de la que era socio y cuya actividad se había iniciado en julio de 2015, con igual objeto social que la anterior, según el escrito de acusación de la Fiscalía.

La Fiscalía y la acusación particular, que ejerce el abogado Jaime Campaner, cifran la comisión que obtuvo en 444.750 euros, a lo que los querellantes añaden 22.400 euros, cantidad que estiman que dispuso para realizar la negociación.

La Fiscalía pide para el agente 4 años de cárcel, multa de 3.000 euros y que indemnice a los afectados con 444.750 euros. La acusación particular reclama 6 años de prisión, multa de 5.400 euros y que el agente y la sociedad que creó en 2016 indemnicen a los querellantes en 467.150 euros. 

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