El juez que instruye en el Supremo el sumario por el proceso independentista, Pablo Llarena, podría dar al traste el viernes con el considerado "plan C" para desbloquear la investidura en Cataluña enviando a prisión al candidato Jordi Turull.

El magistrado ha anunciado para ese mismo día el procesamiento de Turull, lo que podría conducir a su suspensión si se le aplicara el delito de rebelión.

Llarena ha citado a seis diputados catalanes implicados en este sumario, entre ellos a Turull, para que el viernes acudan ante él acompañados de abogado "a fin de practicar la comparecencia prevista por el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

El citado artículo señala que "cuando el detenido fuere puesto a disposición del juez de instrucción o tribunal que deba conocer de la causa, éste, salvo que decretare su libertad provisional sin fianza, convocará a una audiencia en la que el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras podrán interesar que se decrete la prisión provisional del imputado o su libertad provisional con fianza".

Es decir, el juez está planteando imponerles prisión preventiva. Y tanto Oriol Junqueras como Jordi Sánchez han visto imposibilitada su concurrencia a ese cargo, para el que el segundo ha llegado a ser candidato, debido a su estancia en prisión, todo ello en función del criterio del juez Llarena de no permitirles acudir al Parlament.

Por otro lado, la posibilidad de que procese a Turull por rebelión conduciría, si ese auto de procesamiento fuera confirmado después por el Supremo y una vez acordada la prisión preventiva, a su suspensión del cargo público.

Según fuentes del Supremo, los delitos que los autos de procesamiento plantearán a los imputados en el caso abierto en el Supremo por el proceso independentista serán o bien sedición o bien rebelión, pues el sumario abierto por este caso es ordinario, lo que requiere que las penas implicadas sean superiores a nueve años.

En el caso de procesar por rebelión, debe ser tenido en cuenta el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Prevé que cuando se dicte un auto de procesamiento firme y se decrete la prisión provisional por un delito relacionado "con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes", aquel procesado que ostente un cargo público quedará "automáticamente suspendido" en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión.

La elección del delito de rebelión en los autos de procesamiento podría suponer un vuelco en el camino esbozado por los partidos soberanistas para desencallar la investidura tras los fiascos de Carles Puigdemont y Jordi Sánchez, el primero por estar huido en Bélgica y el segundo por permanecer preso, y no solo en relación con Turull.

Los seis citados son parlamentarios en la actual legislatura (al igual que Sànchez y Oriol Junqueras, que ya están presos) y si el juez los procesa por rebelión y a su vez ordena su ingreso en prisión, los encaminaría a la suspensión en el momento en el que el auto fuera firme.

Para que el juez decrete el ingreso en prisión es necesario que alguna de las acusaciones personadas lo solicite, pero, con independencia de lo que haga la Fiscalía, se da por seguro que Vox, que ejerce la acusación popular, lo pedirá.