Un comandante de la UCO de la Guardia Civil que elaboró un atestado sobre cómo daba las ayudas de los ERE la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo ha declarado hoy que el sistema establecido "desplazó" la legislación aplicable y supuso en la práctica la "falta de controles".

El investigador ha testificado en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que durante una década la Junta repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo el control, según la Fiscalía.

El agente, que ya comenzó a declarar el lunes, ha continuado hoy respondiendo a las preguntas de las defensas de varios acusados y ha subrayado que el convenio marco firmado en el 2001 entre la Consejería de Empleo -que daba las ayudas- y el ente público IFA -que las pagaba con fondos que Empleo le hacía llegar mediante transferencias de financiación- "desplazó" la aplicación de la Ley de Hacienda Pública y del Reglamento de Subvenciones que se estaba redactando a las ayudas de los ERE.

Supuso "crear un procedimiento específico" para regular la concesión de unas ayudas concretas por parte de una Consejería y al pagarlas vía IFA mediante fondos enviados por transferencias de financiación se produjo "una falta de control".

En este sentido, ha explicado que hasta el 2001 en la Junta se utilizaban como instrumentos financieros la encomienda de gestión y la subvención pero ese año se introdujo las transferencias de financiación.

Un instrumento que la Intervención de la Junta alertó en varios informes de que su uso para pagar ayudas y no gastos corrientes de IFA era "inadecuado" y que la Fiscalía y las acusaciones populares sostienen que buscaba eludir la fiscalización previa.

Preguntado por la defensa del exdirector de IFA Jacinto Cañete sobre la legalidad de ese uso de las transferencias al aparecer indicado en las memorias de Presupuestos, el comandante ha señalado que las conclusiones policiales aluden "no a la legalidad" de la herramienta de financiación como tal sino "a las consecuencia derivadas de la falta de control" que ello supuso y a los reparos de la Intervención a su uso para pagar las ayudas de los ERE.

El investigador también ha señalado que el convenio marco del 2001 además tenía como fecha de expiración diciembre del 2003 y "se prorrogó de manera artificiosa para seguir dando validez al procedimiento", y ha aludido que tanto la Intervención como el informe encargado al despacho Garrigues en el 2009 para que revisara el sistema e informes internos de la Consejería de Empleo en base a éste reconocen que el convenio estaba expirado.