Los ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo Javier Aguado y Lourdes Medina han declarado hoy en el juicio de la pieza política del caso ERE que no recibieron "ninguna alerta" de irregularidades en las ayudas sociolaborales investigadas y cuya gestión correspondía al director de Trabajo.

Ambos se enfrentan a ocho años de cárcel y treinta de inhabilitación por prevaricación y malversación en un juicio en el que son procesados junto a otros veinte ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que el Gobierno andaluz repartió entre el 2001 y el 2011 más de 850 millones en ayudas de forma presuntamente arbitraria y para eludir el control administrativo, según el juez instructor que cerró la investigación.

Por la Secretaría General Técnica de Empleo pasaban los presupuestos de las distintas áreas de la Consejería, repartidos por programas (entre ellos el destinado a las ayudas investigadas) y las modificaciones presupuestarias que la Dirección General de Empleo proponía para dotar de más fondos al programa de las ayudas.

Pero tanto Aguado como Medina han insistido en que su función era de mera tramitación y era la Dirección General de Trabajo quien tomaba toda decisión sobre cómo se presupuestaban las ayudas -que pagaba la agencia pública IDEA con fondos que Empleo le hacía llegar mediante transferencias de financiación- y proponía las modificaciones presupuestarias y que todo ello constaba en las Leyes de Presupuesto aprobadas por el Parlamento.