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Responsables de Unipost niegan ante el juez pagos del Govern por el 1-O

Dos directivos de Unipost han asegurado hoy ante el juez que esta compañía postal no recibió ningún pago del Govern sobre el 1-O y han alegado que las tarjetas censales sobre el referéndum que les intervino la Guardia Civil el 19 de septiembre no las repartieron porque la Generalitat se las envió sin albarán.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 09 abr 2018

Dos directivos de Unipost han asegurado hoy ante el juez que esta compañía postal no recibió ningún pago del Govern sobre el 1-O y han alegado que las tarjetas censales sobre el referéndum que les intervino la Guardia Civil el 19 de septiembre no las repartieron porque la Generalitat se las envió sin albarán.

Según han informado fuentes judiciales, ante el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga a altos cargos del Govern por los preparativos del 1-O, han comparecido hoy cinco testigos vinculados a Unipost, actualmente en concurso de acreedores, entre ellos el director de zona Cataluña-Baleares y el director financiero.

Los testigos han asegurado ante el juez, que busca el origen de cinco transferencias de la Generalitat a Unipost supuestamente vinculadas al 1-O por valor de casi un millón de euros, que la compañía no recibió ni un euro del Govern por el referéndum, pese a que desde el año 2016 tenían un contrato marco para efectuar envíos periódicos que les encargaba el ejecutivo catalán.

Sobre las casi 50.000 tarjetas censales que la Guardia Civil intervino el 19 de septiembre en la sede de Unipost en Terrassa (Barcelona), el director de zona ha alegado que una persona de la Generalitat -que no ha identificado- le llamó para decirle que le enviarían tres palés un viernes -sin especificar su contenido-, aunque el material llegó el sábado y no lo repartieron porque no les dieron ningún albarán, por lo que no cobraron por este servicio, que no efectuaron.

Los testigos han insistido en que desconocían el contenido de los sobres que les enviaba la Generalitat para distribuir, ya que, según han remarcado ante el juez, es delito abrir las cartas que tienen que repartir.

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