El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, ha convocado este viernes a la dirección del PDeCat a una reunión en Berlín para detallar los nuevos pasos a seguir y repartir carteras, una vez desvelado el nombre del nuevo candidato alternativo para que sea investido la semana que viene, antes de que en Bélgica tenga lugar la vista judicial de Comín, Serret y Puig. La presidenta del partido, Neus Munté, la coordinadora general, Marta Pascal, y a la presidenta del Consell Nacional, Mercè Conesa, se verán con Puigdemonten la capital alemana y fuentes de PDeCat señalan que la intención es que la reunión sea “discreta” y que no hay previstas comparecencias ante la prensa. Estas mismas fuentes muestran el malestar interno en las filas independentistas que ha generado el anuncio de la candidatura de Quim Torrra, antes de que la directiva del partido haya sido formalmente informada en la reunión de hoy, y que desean fijar estrategias comunes de comunicación antes de convocar a la prensa.

El gran objetivo de la reunión es que JxCat y ERC perfilen la composición del nuevo Govern, del que ya están confirmados dos nombres por parte de los republicanos, los de Teresa Jordà y Ester Capella, la primera como consellera de Agricultura y la segunda, de Justícia. Junto a ellas también han sonado los nombres de Miquel Buch para Interior; los alcaldes de Mollerussa y Valls, Marc Solsona y Albert Batet, para Governació y Territori respectivamente; el del eurodiputado Ramon Tremosa para Empresa, o el de la exdirectora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, para Cultura.

Todo esto ocurre mientras Puigdemont sigue pendiente de la decisión del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, al que el Tribunal Supremo español acaba de enviar nueva documentación complementaria de la euroorden dictada contra el expresidente de Cataluña, en la que propone a los jueces alemanes que sea entregado por el delito de sedición como calificación alternativa al de rebelión. El juez Llarena argumenta en esta ampliación del pliego de acusación que de rebelión supone “un alzamiento violento y público”, con el fin de derogar, suspender o modificar la Constitución, declarar la independencia de una parte del territorio o sustraer cualquier clase de fuerza armada “a la obediencia del Gobierno”. La sedición, en cambio, supone “un alzamiento público y tumultuario” para impedir “la aplicación de las leyes”. El informe subraya que “es un delito que en sí mismo no precisa violencia y cuyo bien jurídico protegido es el orden público”.