Una jueza ha dictado hoy el procesamiento del alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, por despedir a una funcionaria interina, cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala, después de que éste último le denunciara por fraccionar contratos en el área de Comercio.

Se trata del segundo procesamiento al que se enfrenta el alcalde alicantino del PSPV-PSOE, junto al relacionado con el llamado caso Comercio, en el que él y dos asesores están acusados de prevaricación por el supuesto fraccionamiento de 14 facturas por un valor conjunto de unos 144.000 euros.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Alicante le atribuye ese mismo delito, prevaricación administrativa, en el caso del despido de la funcionaria interina.

Al mismo tiempo, la jueza ha archivado la causa contra el concejal de Recursos Humanos, el también socialista Carlos Giménez, porque firmó el decreto de cese de la funcionaria por orden del alcalde.

La magistrada Patricia Romero considera que Echávarri ordenó el despido inmediato de la interina, Catalina Rodríguez, "careciendo de competencia para ello" y "sin hacer mención alguna a la causa por la cual debía ser cesada".

Pese a que entonces había otros 47 funcionarios interinos sin cargo a plaza trabajando en el ayuntamiento, tres de ellos en la misma situación que la cuñada de Barcala, pues no ocupaban el puesto para el que fueron nombrados, solo ella fue despedida.

Según el auto hecho público hoy por el TSJCV, que puede ser recurrido tanto ante el juzgado como ante la Audiencia Provincial, esa circunstancia evidencia "la voluntad del alcalde" de llevar a cabo una "represalia" por la denuncia del portavoz del grupo popular.

De hecho, el técnico que recibió la orden directa del primer edil pidió a Echávarri que se la trasladase por escrito, pero éste "se negó, consciente sin duda de la irregularidad del procedimiento".

El alcalde socialista comunicó su decisión al concejal de Recursos Humanos el 18 de abril de 2017, el mismo día que Barcala interpuso la denuncia contra él.

Como el concejal Giménez se encontraba de vacaciones en Santander, el propio Echávarri llamó al día siguiente a un técnico de Recursos Humanos para trasladarle directamente la orden, lo que el empleado público hizo constar en una diligencia.

Ese funcionario y otra compañera del departamento prepararon el decreto por el que se cesaba a Catalina Rodríguez, una técnica de museos adscrita a la Concejalía de Cultura, "por haberse cumplido el objetivo para el que había sido contratada".

En concreto, la cuñada del portavoz del PP había sido seleccionada en su día, en 2010, para trabajar en el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad (MACA) y el espacio cultural de Las Cigarreras, pero en 2015 se le encomendó la preparación de exposiciones en la Lonja del Pescado.

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Echávarri sostiene que el despido fue legal porque su situación laboral suponía un "fraude de ley", al tiempo que ha negado durante la instrucción judicial que la decisión respondiera a una venganza contra el portavoz del PP.

Sin embargo, la jueza considera que existen indicios de que el decreto "obedece únicamente a la voluntad del alcalde en una evidente, patente, flagrante y clamorosa desviación de poder".

En opinión de la magistrada, el procesado dio "apariencia de legalidad a su voluntad, que se erige como fuente del derecho" y ejerció "sus facultades de forma manifiestamente arbitraria".

El pleno del ayuntamiento aprobó el 28 de abril de ese mismo 2017 una declaración institucional por la que condenaba el despido y Rodríguez fue readmitida en su puesto unos días después.

La jueza ha dado ahora diez días de plazo a la fiscalía para que presente escrito de acusación y pida la apertura de juicio oral, la práctica de pruebas complementarias o inste el sobreseimiento de la causa.