Un interventor del Estado ha ratificado hoy ante la juez la existencia de "irregularidades" en la adjudicación en 2009 de un contrato ministerial de publicidad por el que están imputados varios altos cargos de la exministra Beatriz Corredor y que pudo servir para financiar irregularmente al PSPV.

Aparte del interventor, que ha declarado como perito ante la titular del juzgado de instrucción número 24 de Madrid, hoy también han comparecido el antiguo subsecretario del Ministerio de Vivienda Marcos Vaquer y el que fuera jefe de Gabinete de Corredor, Nicolás Mateos, ambos imputados por un delito de prevaricación y/o malversación.

Durante la declaración del interventor, que se ha prolongado dos horas, el técnico ha precisado a la juez en qué consisten tales irregularidades, que ya plasmó en un informe que obra en la causa, y que tienen que ver sobre todo con los plazos y con el "carácter de urgencia" del contrato que, a su juicio, no estaba justificado, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

En esta causa se investiga la adjudicación por parte del Ministerio de Vivienda -gestionado por Beatriz Corredor bajo el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero- a la empresa valenciana Crespo Gomar de una campaña de publicidad institucional del Plan de Vivienda 2009-2012 por valor de 126.208 euros.

Al respecto, Nicolás Mateos ha explicado que tuvo una escasa participación en dicha adjudicación, pues fue cesado como jefe de Gabinete de la exministra en noviembre de 2008, dos meses antes de que se firmara el contrato.

Lo que sí hizo, ha precisado el investigado, es redactar un informe de las necesidades del proyecto que, según él, nada tiene que ver con la adjudicación, y se ha desentendido del procedimiento que se siguió cuando él ya no estaba en el Ministerio.

También estaban citados como imputados la antigua responsable de Comunicación del gabinete de Corredor, Eva Cuesta, y Alberto Gomar, presidente de la empresa adjudicataria del contrato ministerial, si bien éste no ha acudido al juzgado, por lo que, según las fuentes, se le volverá a llamar a declarar.

A Crespo Gomar le fue adjudicado este y otro contrato ministerial investigado en otro procedimiento judicial que pudo servir para financiar la campaña electoral del PSOE valenciano en 2007.

Además, supuestamente trabajó en la organización del congreso regional del PSPV en el que se eligió a Jorge Alarte como secretario general en 2008, y en las campañas municipales de Etelvina Andreu en Alicante y Juan María Calles en Castellón en 2007.