El juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 exaltos cargos de la Junta de Andalucía continúa hoy con la declaración de Carmen Martínez Aguayo, 'número dos' de José Antonio Griñán durante su etapa de consejero de Hacienda (2004-2009) y quien le sucedió en el cargo al asumir la Presidencia.

Aguayo se enfrenta, al igual que Griñán, a seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación en el juicio en el que ambos son procesados, junto a otros 20 excargos de la Junta, por crear o mantener un "procedimiento específico" de 2001 a 2011 para repartir 850 millones en ayudas sociolaborales de forma presuntamente arbitraria y evitando el control administrativo, según el juez instructor que cerró la investigación.

La que fuera primero viceconsejera de Hacienda (2004-2009) y después consejera (2009-2013) asumió durante la instrucción la responsabilidad de que Griñán no recibiera los informes de la Intervención en los que alertaba de irregularidades en el sistema de las ayudas de los ERE, que el interventor consideraba "inadecuado".

Los informes fueron siempre dirigidos, y así lo ha ratificado en este juicio el propio exinterventor Manuel Gómez (también acusado), a los consejeros de Empleo (el departamento que daba las ayudas), de Innovación (de quien dependía la agencia pública IDEA que las pagaba con fondos que le transfería Empleo) y Hacienda (responsable del control económico financiero de la administración).

Sin embargo, cuando estalló el caso ERE en 2011, Aguayo llegó a convocar a la prensa y a mostrar un carrito lleno de informes de la Intervención para admitir que no los leyó con detalle ni se los pasó a Griñán cuando era consejero de Hacienda porque contenían "discrepancias contables" pero ninguno era un "informe de actuación" que instara a tomar medidas.