El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha afirmado hoy que la adhesión a la demanda contra el expresidente catalán Artur Mas por el 9N se debe a un "cambio de criterio" de los servicios jurídicos de la Generalitat, en una actuación que se realiza "de acuerdo" con el Gobierno central.

La Generalitat se ha sumado a la demanda contra el expresidente catalán Artur Mas por destinar fondos públicos al 9N y pide al Tribunal de Cuentas que le condene a devolver los 5,2 millones de euros que costó la consulta, junto a los exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau.

En una rueda de prensa en la Delegación del Gobierno, Millo ha aseverado que ha habido "un cambio de criterio" de los servicios jurídicos de la Generalitat, que habían declinado adherirse a demandas por el 9N cuando gobernaba Carles Puigdemont.

Aunque el delegado ha añadido que esa nueva iniciativa de los servicios jurídicos "se ha hecho de acuerdo con los responsables del Gobierno español que tutelan la Generalitat".

En este sentido, ha considerado que se han constatado unos hechos sobre el 9N por los que, en aras de "defender los intereses de los catalanes", tenia "todo el sentido" adherirse a la demanda.

El delegado ha considerado que ese nuevo "criterio jurídico" no se debería verse afectado por el levantamiento de la aplicación del 155 cuando se haya constituido un nuevo gobierno catalán.