Más de 200 sindicalistas han vuelto a concentrarse frente al Ministerio de Justicia para exigir la retirada de las enmiendas que afectarían a sus condiciones laborales y para reclamar la equiparación salarial con el resto de funcionarios de comunidades con las competencias transferidas.

Los sindicatos de Justicia han mostrado su rechazo a las reformas introducidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que inicialmente se tramitó únicamente para devolver a los funcionarios de Justicia la totalidad de los días de permiso perdidos por los recortes que se aplicaron en 2012.

La nueva petición de retirar las más de 50 enmiendas introducidas en la ley se suma a la de la equiparación salarial de estos empleados con los del resto de las comunidades que tienen estas competencias transferidas, hecho por el que llevan protestando desde enero y por el que han amenazado con convocar una huelga.

Con gritos de "Diferencia salarial no se puede tolerar" de fondo, el secretario general de CC.OO. en este ámbito, Luis Calero, ha asegurado que estas medidas supondrían "importantísimas pérdidas de retribuciones, hasta alcanzar los 1.000 euros mensuales" y lo ha calificado como "un grave atentado" para las condiciones de trabajo.

 Además, en las grandes ciudades en las que existe gran dispersión de los edificios judiciales podría suponer cambios de centro de trabajo, "a veces de varios kilómetros".

Ello afectaría "seriamente" a los centros de destino, la movilidad forzosa y la atribución arbitraria de funciones sin remuneración, según Comisiones.

Por ello han pedido al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que "abra la mesa de negociación" y retire las enmiendas ya que afectan "grave y negativamente" a las condiciones de trabajo de los funcionarios de la Justicia.

Asimismo, los sindicatos han asegurado que las reformas fueron "hechas a las espaldas de los trabajadores" y que se presentaron "sin abrir previamente el camino de las negociaciones".

Sobre ello, Calero ha acusado al ministro de Justicia de utilizar el procedimiento de la modificación de una ley orgánica para impulsar reformas "que nada tienen que ver con el objetivo de lo que se trata en el Congreso".

El presidente del sector de justicia del CSIF, Francisco Lama, también ha apuntado que el PP las presentó "sin cumplir el trámite legal obligatorio que establece el Estatuto Básico del Empleado Público" de negociación colectiva previa con las organizaciones sindicales.

Por su parte, jueces y fiscales se concentrarán mañana a las puertas de todas las Audiencias Provinciales y juzgados de España y un representante de los mismos leerá un manifiesto en el que piden mejoras laborales.