Un total de 2.294 jueces - el 42 % de la carrera judicial- y 1.264 fiscales -el 51 % del todo el colectivo- secunda hoy la huelga convocada por las siete asociaciones profesionales del sector, la primera que celebran de forma conjunta en defensa de mejoras laborales y más independencia.

Representantes del comité de huelga han hecho públicos hoy estos datos en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla advirtiendo de que son todavía provisionales, ya que ha habido algunos problemas técnicos a lo largo de la mañana que han dificultado las comunicaciones.

Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales han suscrito un comunicado conjunto en el que han justificado la huelga ante su "profundo malestar" con todos los responsables del sector, de los grupos parlamentarios al Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por la "dejación y abandono" en el que se encuentra este servicio público.

El juez decano de Madrid, Antonio Viejo, ha resumido el sentir de las organizaciones profesionales al asegurar que lo que persiguen es "un cambio real para la mejora de la Justicia, que sea la que los ciudadanos del siglo XXI requieren" y con los medios y recursos necesarios para garantizar la calidad.

El seguimiento de la huelga está siendo superior al de los paros parciales convocados en las últimas semanas, por lo que el portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, Ignacio González Vega, ha confiado en que el "mensaje" llegue a sus interlocutores, después de recibir durante meses de negociaciones "la callada por respuesta".

"Que conozcan el malestar de las carreras, no solo por el sueldo, como algunos quieren presentar, lo que queremos es que los ciudadanos puedan tener una justicia acorde con un estado moderno y democrático como el español", ha recalcado en declaraciones a los periodistas.

En el comunicado conjunto leído hoy ante los medios, las asociaciones recuerdan las propuestas para la mejora de la Justicia que presentaron en junio del año pasado y que, aseguran, siguen desatendidas.

Los objetivos, sostienen, son reforzar la independencia judicial, modernizar la administración de justicia, aumentar la calidad y la eficacia y mejorar las condiciones laborales de jueces y fiscales, con una actualización de las retribuciones.

Entre las reclamaciones fiscales destaca la derogación de los plazos máximos de instrucción mientras no haya más medios, atribuir la formación a la Fiscalía General del Estado y reforzar la independencia y autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal.

Según apuntan, la respuesta recibida en los últimos meses de negociaciones de quienes tienen capacidad de aprobar las reformas necesarias "no puede ser más decepcionante".

No hay compromiso firme de los partidos para un pacto de Estado por la Justicia y está pendiente la aprobación de la ley orgánica sobre recuperación de permisos y vacaciones a los miembros de la carrera judicial y fiscal con enmiendas a la reforma del CGPJ, critican.

Según denuncian, el Gobierno no ha incrementado el número de efectivos para ir equiparándolo a la media europea y tampoco se ha convocado la mesa de retribuciones que por ley debe reunirse cada cinco años.

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Acusan además al CGPJ de haber hecho caso omiso a sus propuesta para que los nombramientos judiciales se basen en criterios de mérito, capacidad, igualdad de género y transparencia y de no haber fijado las cargas de trabajo.

Las asociaciones han lamentado los perjuicios causados en esta jornada a los ciudadanos, con la suspensión de numerosos juicios en todo el territorio nacional, pero han confiado en que comprendan sus reivindicaciones.