La junta de fiscales jefes de Cataluña ha acordado hoy seguir practicando diligencias para investigar a los alcaldes que cedieron locales o edificios de titularidad municipal para celebrar el referéndum del 1-O.

Según ha informado el ministerio público en un comunicado, los responsables de las fiscalías de Cataluña han decidido mantener abiertas las investigaciones que el ministerio público incoó, en las semanas previas al referéndum, a los alcaldes que habían apoyado el 1-O, en el marco de una junta celebrada esta mañana en la sede de la Fiscalía Superior de Cataluña.

A la junta estaban convocados los fiscales jefe provinciales y de área de Cataluña con el fin de unificar los criterios del ministerio público en relación con varias cuestiones, entre ellas cómo proceder ante las diligencias que se abrieron a decenas de alcaldes de Cataluña por prestar locales para celebrar el 1-O.

La Fiscalía de Cataluña estaba dividida sobre la conveniencia o no de archivar o seguir adelante con esas diligencias, que se abrieron los días previos del 1-O a raíz de una instrucción del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que se citara como investigados a los alcaldes que colaboraron con el referéndum, bajo la advertencia de que podrían ser detenidos.

En la reunión de hoy, se ha acordado continuar la práctica de diligencias de investigación para determinar una eventual responsabilidad de los alcaldes "en la cesión de los locales o edificios de titularidad municipal efectivamente dispuestos y abiertos al público como centros de votación", según señala la Fiscalía de Cataluña en su comunicado.

De hecho, algunos fiscales de área habían empezado a tramitar ya la prórroga de las investigaciones a los alcaldes, una vez transcurridos los seis meses de máximo que establece la ley, y solicitaron más diligencias, encaminadas principalmente a certificar si cedieron locales para que albergaran las urnas del 1-O.

Los días previos al referéndum, fueron decenas los alcaldes catalanes citados a declarar como investigados ante la Fiscalía por su apoyo a la consulta independentista, entre ellos el de Mollerussa (Lleida), Marc Solsona, del PdeCat, uno de los nombres que se barajan como candidato a la presidencia de la Generalitat.

La instrucción de la Fiscalía General del Estado que ordenaba investigar la cesión de equipamientos municipales para el 1-O adjuntaba un listado de 712 ayuntamientos que, según la página web de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), habían aprobado decretos para poner a disposición del Govern sus locales.