La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) ha presentado hoy su informe anual sobre los "casos de malos tratos, tortura y muertes bajo custodia policial", en el que las víctimas en 2017, un total de 1.014, se han triplicado respecto al año anterior debido a las cargas del 1-O.

En la presentación del informe de "La Tortura en el Estado español en 2017", la Coordinadora ha afirmado que este año han querido exponerlo en Barcelona por el gran impacto que tuvo la intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante el referéndum ilegal del 1 de octubre, que además ha contribuido a alcanzar el máximo histórico de personas afectadas por la "represión policial" desde que se inició la recopilación de datos, en 2004.

En el informe de este año, la CPDT ha recogido un total de 224 situaciones en las que se produjeron "agresiones, torturas o malos tratos" que afectaron a un total de 1.014 personas, mientras que en el 2016 hubo 117 episodios que contaron con un total de 259 víctimas.

Según apunta la Coordinadora que ha elaborado el informe, no se han contabilizado todas las denuncias "de torturas y malos tratos" presentadas en 2017 en España, sino que se han excluido algunas "a petición de las personas afectadas, y otras porque la información recibida era insuficiente o no estaban totalmente contrastadas", como ya ocurrió en años anteriores.

También ha señalado que un importante número de casos de abusos policiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de Funcionarios de Instituciones Penitenciarias "nunca se denuncian".

En la presentación se ha destacado que Cataluña ha sido la comunidad con más denunciantes, un total de 619, en un centenar de episodios diferentes.

El informe, que recoge datos de todo el territorio español, sitúa en segundo lugar de afectación a Ceuta, con 117 víctimas, y en tercer lugar a Melilla, con 102 denunciantes.

Laia Serra, abogada y vocal de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del Colegio de Abogados de Barcelona, ha afirmado que, aunque la Policía Nacional tenía un mandato judicial para actuar el 1 de octubre, "había formas menos lesivas y más compatibles con los derechos humanos".

Según los datos recopilados, hubo un total de 541 personas que resultaron afectadas durante la jornada del referéndum del 1-O, en la que muchas personas "sufrieron más moralmente que físicamente", a juicio de Serra.

La abogada ha señalado que "la actividad policial del 1 de octubre coincide con la definición de tortura", que también "incluye el daño moral y las acciones de orden público" realizadas por la policía.

Durante la presentación también ha intervenido Carlos Hernández, de la Asociación Salhaketa Bizcaia, que ha interpretado los datos de los catorce años en los que se ha redactado el informe y ha concluido que hay una tendencia al alza de "agresiones contra inmigrantes" y que además los años en los que más denuncias se han contabilizado coinciden con periodos de numerosas movilizaciones, como en el caso del 15-M en el año 2011.

La Coordinadora ha afirmado que, como el resto de años, enviarán el informe a los Ministerios del Interior y de Justicia, a pesar de que nunca han recibido una respuesta, así como a diferentes entidades.

• Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En cuanto a los nuevos ministros, la Coordinadora ha reconocido que las "sensaciones no son buenas" de entrada y que tampoco esperan una reacción diferente este año.