Un jurado popular ha declarado hoy por unanimidad a J.T.V., de 56 años, culpable de haber matado a su exmujer y de haber entrado en su domicilio sin permiso, hechos ocurridos el 17 de julio de 2016 en Aranda de Duero (Burgos) y que han sido juzgados en la Audiencia Provincial burgalesa.

El jurado considera probado que J.T.V. entró en la vivienda de su exesposa la madrugada del 16 al 17 de julio sin su permiso e incumpliendo una sentencia de divorcio que permitía a la víctima residir en el domicilio conyugal, al tiempo que establece como probado que el acusado la acuchilló en dos ocasiones, tapándole la boca para acallar sus gritos y con la intención clara de matarla.

Si bien los encargados de la deliberación creen cierta la versión de que todo empezó por una discusión entre encausado y víctima, no considera que fuera la perjudicada la que agrediera primero y el acusado actuara en defensa propia hasta matarla.

Apoyan esta argumentación en las lesiones que cada uno de ellos presentaba y que han sido detalladas tanto en prueba documental como testifical por dos médicos forenses, considerando "autolesión" los cortes que J.T.V. presentaba en el brazo.

Teniendo en cuenta este veredicto, el Ministerio Fiscal ha solicitado una pena de veinte años de prisión por asesinato alevoso con agravante de género y parentesco mixto, y otros dos por allanamiento de morada.

Las acusaciones particulares que representaban a los hijos de la víctima, a sus hermanas y madre, la Asociación Clara Campoamor y la Junta de Castilla y León han solicitado a la Audiencia una pena de veinticinco años de prisión por asesinato con alevosía con agravante de género y de parentesco, y otros dos por allanamiento de probada.

Asimismo, tanto el Ministerio Fiscal, como la representación de los hijos de la víctima, la de las hermanas y la madre, piden responsabilidades civiles en cantidades calculadas en más de 200.000 euros.

Por su parte, la defensa de J.T.V., ha calificado el delito cometido como homicidio con agravante de parentesco, y ha solicitado una pena de doce años y medio de prisión, además de aceptarla responsabilidad civil compensatoria hacia sus hijos que ha pedido el Ministerio Fiscal y no la solicitada por la acusación particular, que ha considerado excesiva.

También ha calificado de injusta la petición en este ámbito formulada por parte de la representación de las hermanas y madre de la víctima.

Además, la defensa no consideran suficientemente agravado el allanamiento de morada que solicitan las otras partes, ya que, ha recordado que las penas de dicho delito van desde los seis meses a los dos años de prisión, siendo este caso poco motivado a su juicio para solicitar la máxima pena, por lo que considera que solo se debería aplicar la mínima.