Juez investiga concejales de PSC y ERC de Pineda por la expulsión de policías

(Actualiza la información CG2003 con más datos sobre las diligencias acordadas por el juzgado)

Un juez investiga a tres tenientes de alcalde de Pineda de Mar (Barcelona), del PSC, a una concejal de ERC y al jefe de la Policía Local por coaccionar supuestamente a los responsables de hoteles de la población que alojaban a policías nacionales destinados a Cataluña por el 1-O para que los expulsaran.

Según han informado fuentes del ministerio público, el titular del juzgado de instrucción número 2 de Arenys de Mar (Barcelona) ha acordado admitir a trámite la querella interpuesta por el fiscal de Delitos de Odio y Discriminación de Barcelona contra los concejales, a los que acusa de presionar a la cadena hotelera para que expulsaran a los cerca de 500 policías nacionales, amenazándoles con cerrar sus establecimientos durante cinco años.

Medio millar de policías nacionales se alojaron en dos hoteles de la cadena Checkin de Pineda de Mar desde finales del pasado mes de septiembre y fueron expulsados el 3 de octubre de sus respectivos establecimientos, después de las concentraciones que se organizaron a sus puertas en protesta por la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para impedir el referéndum del 1-O.

Concretamente, la querella se dirige contra Carme Aragonés, primera teniente de alcalde, Jordi Masnou, segundo teniente de alcalde y coordinador de Territorio, Silvia Biosca, tercera teniente de alcalde de Comunicación, Mónica Palacín, concejal de ERC en la oposición, y Carles Santecreu, jefe de la Policía Local de Pineda de Mar.

En su auto, el juez acuerda abrir diligencias por un delito de falsedad en documento oficial y otro de coacciones contra los querellados y acuerda citarles a declarar como investigados, aunque sin señalar todavía una fecha para la práctica de los interrogatorios.

Según sostiene la Fiscalía, que encargó a la Policía Nacional investigar los hechos, los querellados acudieron la noche del 2 de octubre al hotel Checkin Mont Palau de Pineda "con el firme propósito de conminar a la dirección de la cadena hotelera, prevaliéndose de la autoridad que representaban, para lograr la expulsión de los funcionarios de Policía que permanecían albergados en sus hoteles".

Carme Aragonés, añade la querella, se dirigió al despacho del director del hotel, "contando con la presencia y apoyo intimidatorios del resto de querellados" y le conminó a desalojar a los policías nacionales, petición que reiteró telefónicamente al gerente de la cadena de establecimientos.

Ante la negativa del gerente a acceder a sus pretensiones, sostiene la Fiscalía, Jordi Masnou le advirtió por teléfono, "en tono desafiante y amedrentador" y "enfurecido", que debía "echar a los agentes sí o sí", al tiempo que le recordaba que "él era quien mandaba allí".

Como el gerente seguía con sus reticencias, la Fiscalía asegura que Masnou "incrementó su inadmisible presión" sobre el mismo y le advirtió de que "si no echaba a los policías le iba a cerrar el hotel al día siguiente" por un período de cinco años.

"Ante el tenor de las advertencias recibidas e impulsado por el temor a posibles y creíbles represalias", el gerente autorizó al director de los hoteles a desalojar a los policía nacionales antes de las 16.00 horas del 3 de octubre pasado, según sostiene la Fiscalía en su querella.

El ministerio público acusa también a la primera teniente de alcalde y a la concejal responsable de Comunicación de haber exigido a los responsables hoteleros que firmaran un documento "confeccionado mendazmente" para simular un comunicado de prensa conjunto que mantenía que la salida de policías obedecía a una decisión "conjunta" del Ayuntamiento y de la cadena para "garantizar la convivencia" en la población.

La carta negaba cualquier "medida de presión" sobre los representantes de la cadena hotelera, quienes "al ver el texto se negaron expresa y rotundamente a firmarlo por no ser ciertas las manifestaciones contenidas en el mismo", sostiene la Fiscalía, lo que no impidió que el consistorio lo distribuyera a los medios de comunicación.

El ministerio público considera que la "trascendencia pública" de ese documento "supone un desprestigio, con el consiguiente descrédito para la compañía hotelera ante posibles clientes de toda España, por la aparente imagen de trato discriminatorio transmitida y cometido por motivos de origen nacional de sus clientes, en este caso policías".

En su auto, el juez acuerda citar a declarar para el próximo 25 de junio al gerente de la cadena hotelera, en calidad de perjudicado, así como al jefe de la Policía Nacional, un inspector y un subinspector del cuerpo como testigos.

Asimismo, el juez requiere a la cadena hotelera los contratos suscritos pare el alojamiento de los policías nacionales, así como un informe sobre la fecha en que los agentes entraron en los establecimientos y "en qué circunstancias se produjo su salida".