El Juzgado de Instrucción 3 de Granada ha acordado el archivo de la causa por supuesto intrusismo profesional que mantenía abierta a Francisca Granados, asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena (Granada) que asistió a Juana Rivas y contra la que se querelló el Colegio de Abogados.

En un reciente auto, al que hoy ha tenido acceso Efe y contra el que cabe recurso de apelación, la juez Manuela de la Torre recoge que, de las diligencias de instrucción practicadas, no existe indicio de que Granados haya realizado acto alguno relativo a la profesión de abogado.

El Colegio de Abogados interpuso el 29 de diciembre de 2017 una querella contra la asesora jurídica por un posible delito de intrusismo profesional.

Tras la práctica de diligencias de instrucción, la representación de la querellada pidió el sobreseimiento y archivo de la causa, a lo que se adhirió la Fiscalía y se opuso el Colegio de Abogados.

Según la juez instructora, en las diligencias de instrucción practicadas no existe indicio de que la querellada haya realizado acto alguno relativo a la profesión de abogado ya que, partiendo de que ha negado tajantemente los hechos, la testifical propuesta por la parte querellante "nada aclara respecto a los hechos objeto de denuncia acogiéndose al secreto profesional".

El juzgado señala que el hecho de que una persona titulada en Derecho pudiera "hipotéticamente ejercer la abogacía" sin estar incorporado como ejerciente en un Colegio de Abogados español podrá dar lugar a una sanción disciplinaria, pero "no configura el delito de intrusismo".

Añade, además, que Granados ha aportado a la causa su título de licenciada en Derecho y certificado académico de sus calificaciones durante la carrera universitaria, que acredita su preparación técnica y académica exigible para ejercer labores de asesoramiento jurídico tanto en el Ayuntamiento de Maracena como a nivel particular.

Todo ello sin perjuicio de que, en cualquier caso, no ha resultado indicio alguno de que pudiera derivarse la comisión por parte de la querellada de los hechos objeto de denuncia, finaliza el auto en el que archiva la investigación.

Granados ya negó el pasado 7 de marzo ante la jueza haber cometido intrusismo profesional al actuar como asesora jurídica de Juana Rivas, y apuntó que la querella presentada contra ella por el Colegio de Abogados de Granada era "ideológica" y que se habría "instrumentalizado" contra la lucha por la igualdad.

A su salida del edificio judicial de La Caleta, donde había sido citada como investigada ante el Juzgado de Instrucción 3, la directora del Centro Municipal de Información a la Mujer de Maracena dijo que se sentía "tranquila" y que esperaba que esta investigación judicial pudiera quedar archivada.

Por su parte, Eduardo Torres, decano del Colegio de Abogados de Granada, señaló que la querella presentada por su colectivo respondía a las protestas de muchos compañeros a raíz de la actuación de Granados en el caso de Juana Rivas.

La "constante aparición" de la asesora podía dar a entender que ella llevaba la dirección jurídica de la vecina de Maracena, explicó Torres, que entendía que esta pudo ejercer labores que, según la normativa, correspondían "exclusivamente" a abogados.

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Granados ya fue investigada, junto a la psicóloga del Centro de la Mujer y familiares de Juana Rivas, por presunta colaboración en la sustracción de menores por la que se abrió una investigación penal contra Rivas, quien será juzgada este mismo mes por esos hechos.

Todo después de que esta última permaneciera casi un mes en paradero desconocido para no entregar a sus dos hijos a su expareja, el italiano Francesco Arcuri, que fue condenado en el 2009 por lesiones en el ámbito familiar y al que ella volvió a denunciar por malos tratos.