La interventora Rosario Lobo vio en los expedientes administrativos para conceder las ayudas investigadas en el caso ERE "irregularidades administrativas" y que se daban "sin fiscalización previa" pero no pudo detectar menoscabo de fondos públicos porque la documentación no incluía el expediente de gasto.

Lobo ha testificado hoy en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que durante una década la Junta repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía.

Las ayudas las concedía la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo pero las pagaba la agencia pública IDEA con fondos que Empleo le enviaba mediante transferencias de financiación, según las acusaciones para evitar la fiscalización previa a la que está sometida toda subvención pagada por un órgano de la Junta, mientras que los gastos ejecutados por entes instrumentales como IDEA se fiscalizaban a posteriori en el marco del control financiero permanente.

Lobo fue Jefa del Servicio de Fiscalización de la Intervención de 2000 a 2012 y el interventor general Manuel Gómez -uno de los acusados- junto al interventor delegado del control financiero de IDEA Ignacio García Revilla le encomendaron analizar una veintena de expedientes de ayudas concedidas por Empleo para un informe adicional al de cumplimiento del ejercicio 2003 de IDEA (remitido en 2005).

Ella no hizo las conclusiones del informe -que determinaba que las ayudas se daban prescindiendo del procedimiento legalmente establecido- sino unas notas con las "irregularidades administrativas" y "deficiencias" detectadas en cada expediente.

Entre ellas ha citado que no había una delegación de competencias para que otorgara las ayudas el director de Trabajo en vez del consejero o que no constaba solicitud, irregularidades "imputables a la Dirección General de Trabajo".

Preguntada por el fiscal si detectó riesgo de menoscabo de fondos públicos, ha respondido: "En la documentación que yo examiné, no. Simplemente que se estaban tramitando unas subvenciones de una forma irregular administrativamente".

Posteriormente ha explicado que esa documentación se limitaba al expediente "hasta el momento de la concesión" de las ayudas que a su juicio eran excepcionales pero no incluían órdenes de pago ni nada relativo al destino de las mismas, por lo que al no haber un expediente de gasto imputándolo a una consignación presupuestaria (pues el gasto lo hacía IDEA al pagar), no podía detectar riesgo de menoscabo de fondos públicos.

"Del documento en el que se formaliza la concesión de la subvención no se puede deducir que haya menoscabo de fondos públicos", ha insistido.

Sí ha dejado claro que eran ayudas "concedidas por la Dirección General de Trabajo y ese órgano administrativo está sometido a la fiscalización previa y esas ayudas no habían sido sometidas a fiscalización previa".

Ha añadido que el control financiero permanente que se hacía en IDEA "no tienen nada que ver" al hacerse ese en momento distinto "una vez acometidas las operaciones económicas".

La Intervención alertó en diferentes informes de que era "inadecuado" usar transferencias de financiación a IDEA para pagar ayudas de Empleo y la testigo ha ratificado que esa herramienta financiera "no puede tener una finalidad determinada" sino que habría que usar otras como transferencias de asignación nominativa o encomienda de gestión (esta última se empezó a usar en 2010).

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Al usar a IDEA para pagar las ayudas, el interventor de Empleo no podía fiscalizar el gasto ya que "la fiscalización de las transferencias de financiación no significa que se estén fiscalizando las subvenciones" sino sólo el envío del dinero a IDEA.