La que fuera interventora general de la Junta entre 2010 y 2012, Rocío Marcos, ha declarado hoy que en las ayudas de los ERE la Intervención "en ese momento no detectó menoscabo de fondos públicos" ya que "un procedimiento irregular, por grave que sean las irregularidades, no es inicio de menoscabo".

Marcos ha testificado hoy en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- acusados de prevaricación y malversación por crear y mantener un "procedimiento específico" con el que durante una década la Junta repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo el control, según la Fiscalía.

Según las acusaciones, las ayudas escapaban a la fiscalización previa obligada en todas las subvenciones que da la Junta, provocando un "ángulo muerto" en su control, expresión usada ayer por la testigo y por la que hoy le han preguntado varios abogados.

Marcos -que sucedió como interventora general a Manuel Gómez, uno de los acusados- ha reiterado que en la Consejería de Empleo se fiscalizaba el envío de fondos a IDEA y en la agencia el pago se controlaba a posteriori porque es el tipo de fiscalización de los entes públicos, por lo que en ninguno de los dos sitios había un expediente de gasto fiscalizado previamente como corresponde a una subvención.

Así, Empleo asumía compromisos de ayudas sin disponibilidad presupuestaria y antes de enviar los fondos a IDEA, lo que provocaba un "desfase" en la agencia, pero para Marcos incluso el hecho de que la irregularidad del procedimiento estuviera en "la falta de crédito no es indicio de menoscabo".

En 2010, se cambió la forma de enviar los fondos de IDEA a encomienda de gestión como la Intervención venía pidiendo, pero, según Marcos, aunque "suponía cierta mejora" seguían dándose subvenciones sin fiscalización previa porque al mantenerse la concesión en Empleo "hubiera requerido la fiscalización no sólo del instrumento de la encomienda sino de todas y cada una de las ayudas".

Según la testigo, el interventor de Empleo le dijo que "había sido un lamentabilísimo error" seguir tramitando la encomienda de gestión como transferencias de financiación, de ahí que la Intervención también pusiera reparos hasta que en 2011 se cambió realmente el sistema regulando las ayudas.

Tanto el fiscal como el letrado del PP-A, que ejerce la acusación popular, han interrogado a Marcos sobre si la Intervención podía haber hecho más a la vista de que pese a sus reiteradas advertencias el sistema se mantuvo igual durante una década.

"La Intervención hizo lo que tenía que hacer y más de lo que tenía que hacer", ha defendido Marcos, quien ha subrayado que "no paró" de plantear recomendaciones sobre el sistema a seguir y se adoptaron medidas, aunque "quizás se podían haber adoptado antes".