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JUICIO ERE

Ex interventora general niega que Presupuestos avalaran sistema ayudas ERE

La que fuera interventora general de la Junta de Andalucía entre 2010 y 2012, Rocío Marcos, ha rechazado hoy que el sistema por el que se concedían y pagaban las ayudas investigadas en el caso ERE estuviera avalado legalmente por aparecer en los Presupuestos andaluces.

  • Agencia EFE

La que fuera interventora general de la Junta de Andalucía entre 2010 y 2012, Rocío Marcos, ha rechazado hoy que el sistema por el que se concedían y pagaban las ayudas investigadas en el caso ERE estuviera avalado legalmente por aparecer en los Presupuestos andaluces.

Marcos ha testificado hoy en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- acusados de prevaricación y malversación por crear y mantener un "procedimiento específico" con el que durante una década la Junta repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo el control, según la Fiscalía.

Las defensas sostienen que en los Presupuestos de la Junta aparecía cada año una partida de Empleo destinada a transferencias de financiación al ente público IDEA para ayudas sociolaborales y, por tanto, el sistema era conocido y avalado por una ley que aprobaba el Parlamento.

Sin embargo, a preguntas del abogado Juan Carlos Alférez que representa al exdirector de IDEA Jacinto Cañete, Marcos ha dicho que opina "de manera diferente" a su antecesor, Manuel Gómez, uno de los acusados en el juicio.

En su opinión, que los Presupuestos aludieran a que esas transferencias de financiación a IDEA correspondían al convenio marco de 2001 que "no estaba publicado en ningún sitio, para un lector normal del Presupuesto no significa nada".

Para Marcos, es "probable" que quienes conocían el convenio entendieran que el sistema estaba "apoyado por los Presupuestos", pero a su juicio no es así pues "que se cite un convenio cuyo contenido no se explicita no permite saber que se está alterando el funcionamiento normal de las transferencias de financiación", es decir, que se están utilizando para un uso distinto al que la ley fija, ya que no se concretaba que las ayudas las daba Empleo y no eran ayudas propia de IDEA.

A preguntas de varias defensas, la testigo ha reiterado como ayer que los informes de la Intervención sobre las deficiencias del procedimiento señalaban "irregularidades administrativas" que "no son delito" ni "ilegalidades", y que no hallaron "indicios de menoscabo de fondos públicos".

A preguntas del abogado de la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, la testigo -que ha declarado durante dos días y medio- ha admitido que discrepa con el informe pericial de la Intervención estatal (prueba clave para las acusaciones y que encargó la primera instructora del caso, Mercedes Alaya) en tres aspectos.

A su juicio, la Junta sí tiene competencias para dar ayudas sociolaborales; IDEA tiene potestad de dar subvenciones; y las transferencias de financiación no pueden calificarse de "ilegales" como tal porque no hay defecto en su presupuestación, otra cosa es que se usaran para algo distinto a lo que deben.

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