La interventora de la Junta Teresa Arrieta ha declarado hoy que la Dirección General de Trabajo "sabía" que estaba concediendo ayudas sin expediente de gasto sometido a fiscalización previa, un sistema que era "opaco al control" aunque suponía una "irregularidad administrativa" y no menoscabo de fondos.

Arrieta ha testificado en la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán-, acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que durante una década el Gobierno andaluz repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía.

Ese "procedimiento específico" consistía en que las ayudas eran pagadas por la empresa pública IDEA con fondos que le enviaba la Consejería de Empleo -que las concedía- mediante transferencias de financiación, un instrumento que la Intervención alertó reiteradamente que era "inadecuado" ya que es una herramienta financiera que no puede tener un fin concreto sino equilibrar pérdidas y ganancias de las entidades públicas.

Para la interventora adjunta al interventor general desde 2005, ese sistema impedía que las ayudas fueran sometidas a fiscalización previa como era obligatorio para toda subvención concedida por un órgano de la Junta y eso "la Dirección General de Trabajo lo sabía", ya que en la misma se fiscalizaba la transferencia de financiación (el envío de fondos a IDEA) pero la Intervención no veía ningún expediente de gasto de la ayuda al pagarse en IDEA, donde el control es a posteriori.

Para Arrieta, "las subvenciones se estaban concediendo fuera de todo circuito" ya que la Dirección General de Trabajo -dos de sus titulares, Javier Guerrero y Juan Márquez, están entre los acusados- "en ningún momento somete a fiscalización de la Intervención un expediente de gasto de las subvenciones que concedía" pese a que "debe conocer sus obligaciones".

A preguntas del fiscal sobre si se pueden conceder como subvenciones excepcionales ayudas idénticas durante diez años, la testigo ha respondido que "poder se puede, no se debe, lo lógico hubiera sido una regulación" pero al no haberla sólo cabe considerarlas excepcionales, si bien éstas también tienen sus propios procedimientos y requisitos.

Preguntada si las subvenciones excepcionales deben someterse a fiscalización previa, ha dicho que "todo gasto de un órgano de la Junta de Andalucía tiene que estar sujetado en un expediente de gasto" y si no existe tal se omite la fiscalización previa "totalmente".

El uso inadecuado de las transferencias de financiación para pagar subvenciones cuando ese instrumento está destinado a actividades propias de las entidades públicas y a equilibrar su cuentas fue advertido por la Intervención en reiterados informes de Control Financiero Permanente de IDEA, informes que se dirigían a la consejería a la que estaba adscrita la agencia (primero Empleo y desde el 2004 Innovación) y a la Consejería de Hacienda.

En el 2005, al hacer el informe del ejercicio 2003 de IDEA, la Intervención elaboró un informe adicional para el que solicitó a Empleo una veintena de expedientes de concesión de las ayudas para analizarlos y concluyó que las ayudas se estaban dando "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".

Ese informe se remitió también a Empleo ya que las irregularidades detectadas competían a esta consejería.

A preguntas del fiscal sobre si podían haber hecho algo, la testigo ha dicho que "la Consejería de Empleo sí desde luego" mientras que Innovación y Hacienda "podían haberlo elevado al Consejo de Gobierno", aunque posteriormente a preguntas de la defensa de Griñán -que entonces era consejero de Hacienda- ha matizado que al no ser un informe de actuación no era obligatorio.

El fiscal le ha preguntado porque no se hicieron más informes de este tipo dirigidos a Empleo si continuó el mismo sistema, a lo que ha respondido que "el órgano gestor no necesita que se le diga más veces que está realizando un procedimiento irregular".

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Arrieta ha defendido que la Intervención hizo "lo más que podía hacerse" e incluso el informe adicional fue "un plus" que no se volvió a repetir porque "era algo que quizás no se debía haber hecho porque estaba fuera del ámbito del Control Financiero Permanente" de IDEA.

Tras Arrieta ha declarado quien también fue interventor adjunto al interventor general para el Control Financiero Permanente de empresas públicas Ignacio García Revilla, quien ha insistido en que las transferencias de financiación tienen un destino genérico para financiar actividades propias de las entidades y equilibrar sus cuentas.

García Revilla -que continuará declarando mañana- ha explicado que el Control Financiero Permanente al que están sometidas agencias como IDEA es a posteriori y a diferencia de la fiscalización previa no permite paralizar pagos porque ya se han hecho, sino sólo indicar en informes deficiencias que deben ser corregidas en el futuro.