Tres antiguos responsables económicos de CDC han negado hoy ante el juez del caso 3 % que las donaciones de empresarios a fundaciones ligadas al partido fuesen a parar a la formación y, en cualquier caso, han señalado que quienes controlaban los pagos eran los antiguos tesoreros Daniel Osàcar y Andreu Viloca.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha comenzado hoy la ronda de interrogatorios a investigados en este presunto caso de financiación irregular con la declaración del exresponsable económico y jurídico de CDC Francesc Sánchez, de la que fuera jefa económica y financiera Anna Dolors Benítez y del exgerente y coordinador económico Carles del Pozo.

Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, los tres se han desvinculado del control de las donaciones de empresarios a Catdem y Forum Barcelona -fundaciones ligadas a CDC-.

Han explicado que esa función era responsabilidad de Viloca y Osàcar (condenado por el caso Palau por mordidas de 6,6 millones de Ferrovial a CDC a través del Palau de la Música), y han asegurado que los pagos eran legales y que nunca fueron a parar a las cuentas del partido.

Sin embargo, los investigadores creen que esas donaciones llegaban en último término a la formación política a través de facturas emitidas a las fundaciones y que eran en realidad mordidas de empresarios a CDC a cambio de adjudicaciones públicas, un extremo que los imputados han negado.

Pero, según los investigados, dichas facturas correspondían a servicios de asesoramiento que el partido hacía para las fundaciones y que se emitían de forma mensual por una cantidad fija en la que no se imputaba ningún beneficio para CDC.

Esta práctica, según ha comentado Benítez, formaba parte de un sistema implementado desde 1996 que comenzó dirigiendo el ya fallecido Carles Torrent (antiguo tesorero), y posteriormente el exgerente de CDC y exconseller de Justicia Germà Gordó, imputado en la causa.

En relación con Sánchez, la Fiscalía le ha preguntado si sabe quién es "Fernando", nombre que aparece en un correo electrónico en el que los directivos de la constructora Oproler Josep Maria Bassols y Sergio Lerma -imputados en la causa- hablaban de adjudicaciones públicas en Cataluña.

Sin embargo, Sánchez, quien, según el juez, contribuyó "a poner en marcha la estructura" de financiación ilegal, ha negado que se estuviesen refiriendo a él y ha dicho que solo se reunió con Bassols por motivos políticos en su etapa como alcalde de Anglès (Girona).

En declaraciones a los medios, Sánchez ha señalado que no sabe "quién es ese Fernando" y ha explicado que se limitaba a llevar la comunicación y la parte jurídica del partido: "No he llevado nunca las donaciones de este partido ni de ningún otro".

Francesc Sánchez es abogado de Víctor Terradellas, detenido recientemente en una macrooperación por el desvío de más de 2 millones de la Diputación de Barcelona con CiU, y socio del diputado de JxCat Francesc Dalmases, parlamentario del entorno de máxima confianza del expresident Carles Puigdemont.

Por su parte, la abogada de la acusación que ejerce las CUP, Montse Vinyets, ha cuestionado que no hubiese "un control sobre quiénes eran los donantes, sino que (las donaciones) aparecían allá y por parte de CDC se facturaban unos cargos a las fundaciones" y de esa forma "el dinero que entraba a la fundación pasaba a CDC".

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Según ha confirmado, los investigados han asegurado que "les era imposible conocer" si los donantes "eran personas o empresas inmersos en procesos de licitación" y han insistido en que lo que está prohibido es hacer donaciones a los partidos políticos y no a las fundaciones.

Mañana deben declarar otros tres investigados, entre ellos Ángel Sánchez Rubio, exdirector de la empresa municipal Bimsa, a quien el juez acusa de dar información privilegiada al empresario Bassols. Según De la Mata, los dos mantuvieron una reunión en junio de 2013 con Puigdemont, cuando éste era alcalde de Girona, para tratar temas de licitaciones públicas.