La Guardia Civil ha informado al juez del Supremo Pablo Llarena de que el dinero supuestamente malversado por la Generalitat de Cataluña para pagar observadores internacionales en el referéndum del 1 de octubre pudo llegar a 177.065 euros, si bien hasta el momento solo puede demostrar el abono de 119.700 euros.

El magistrado ordenó a la Guardia Civil que le informara sobre esta materia el pasado mes de marzo. Ese informe ha sido conocido hoy, después de que el juez haya levantado el secreto que impuso sobre el mismo. El informe Llarena estima que en total se malversaron 1,9 millones de euros.

De ellos, considera que 177.065 euros se emplearon en hacer venir a Cataluña a varios observadores internacionales para darle validez al referéndum del 1 de octubre de 2017. No obstante, asume que desconoce si efectivamente se hizo el pago de una parte de ese dinero.

Así, otro informe de la Guardia Civil ya conocido, y a partir del cual ordenó un registro en la sede de Diplocat el juez del 13 de Barcelona, quien investiga el 1-O, recoge dos transferencias realizadas por la Delegación del Gobierno de la Generalitat de Catatuña ante la Unión Europea por importe de 119.700 euros.

Ese dinero se empleó, aparentemente, en gastos de transporte y alojamiento para los observadores internacionales.

Pero en el informe ahora conocido se eleva esa cantidad y se señala que esos gastos supusieron para la Generalitat, además del coste de 119.700 euros, que se ha abonado, un compromiso de pago de 47.365 euros que, según dice literalmente la Guardia Civil en su informe, "se desconoce si se abonó o no".