Fernando Grande-Marlaska, el nuevo ministro del Interior, luchó contra ETA en sus años como juez de la Audiencia Nacional, donde procesó a Arnaldo Otegi y fue blanco de la banda. Es uno de los pocos magistrados que ha reconocido sin miedo su homosexualidad.

Este bilbaíno de 55 años de trato amable, amante de los animales, defensor de los derechos humanos y crítico con el nacionalismo que ahora estará al cargo de las fuerzas de seguridad del Estado, convivió muchos años con ellas dirigiendo investigaciones desde sus diferentes destinos como juez instructor.

Fue en 2003 cuando dio el salto a Madrid, primero a plaza de Castilla y, tan solo un año después, a la Audiencia Nacional, donde pasó por hasta tres juzgados de instrucción sustituyendo a Guillermo Ruiz Polanco, Baltasar Garzón y Teresa Palacios, hasta que en 2012 fue nombrado presidente de la Sala de lo Penal.

En esos ocho años investigó numerosas causas contra ETA y su entorno, hasta el punto de que la banda lo tuvo en la diana e incluso planeó atentar contra él mientras veraneaba en la localidad riojana de Ezcaray.

En 2005 metió en prisión al etarra José Ignacio de Juana Chaos a raíz de dos cartas publicadas en Gara, decisión que impidió excarcelarle, y también procesó a Arnaldo Otegi por integración en ETA.

Marlaska investigó además el "chivatazo" dado a ETA en el bar Faisán en 2006 y fue el magistrado que, en 2009, envió a prisión a 31 supuestos miembros de Segi, organización que tildó de una "auténtica academia terrorista".

Entre sus decisiones polémicas figuran la investigación del accidente del Yak-42, que finalmente se tuvo que archivar, y el haber mandado a juicio a los autores de una caricatura de los Príncipes de Asturias en la portada de la revista "El Jueves".

En la Audiencia Nacional también compartió sumarios con la fiscal Dolores Delgado, nueva ministra de Justicia y con la que tiene una buena relación, lo que les convierte en un tándem bien engranado y de perfil marcadamente técnico.

El magistrado llevó de forma paralela su lucha contra el terrorismo, en la que se mantuvo implacable, con la defensa de los derechos de los homosexuales, condición que declaró en 2006.

Marlaska es un magistrado difícil de etiquetar políticamente. Contrario a los nacionalismos y con una ideología marcadamente social, fue designado a propuesta del PP vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2013 y ha presidido desde 2016 la comisión contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia, integrada por personalidades de la justicia y la política.

Una de sus últimas decisiones como magistrado de la Audiencia Nacional, puesto que compaginó con el del CGPJ hasta junio de 2017 (cuando entró en la comisión permanente), fue el voto particular que emitió unos meses antes negándose a absolver a un tuitero de enaltecer a ETA con mensajes sobre Carrero Blanco, en contra así de la línea que ha ido perfilando el tribunal respecto de este tipo de tuits.

En 2016 publicó su primer libro, "Ni pena ni miedo", en el que habla a calzón quitado de su vida, de amor y de heridas familiares, pero también de feminismo, corrupción, nacionalismo, religión y prostitución.

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En una entrevista concedida entonces a Efe, Marlaska dejó clara su visión de los nacionalismos ("Viviríamos en un mundo mejor sin que las naciones fueran excluyentes", dijo) y también habló de los "peajes" que ha tenido que pagar en su vida personal por su condición de gay.

En ella se calificaba como una persona "muy sobria" y "muy del norte" y confesaba que nunca se había planteado saltar a la política: "A mi lo que me gusta es ser juez aunque tampoco digo que me jubilaré siendo juez, pero tendría que ser algo de la Administración, nunca me iría a la empresa privada", afirmó lejos seguramente de imaginar lo que ha ocurrido hoy.