La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha recurrido la decisión del juez de dividir en dos piezas la causa por el "procés", al entender que ello vulnera el derecho de defensa de los líderes independentistas que siguen en España, al no haber podido interrogar el expresident Carles Puigdemont.

La defensa de Forcadell, representada por la abogada Olga Arderiu, ha presentado un recurso de reforma contra el auto en que el juez del Supremo Pablo Llarena acordó separar la causa en dos piezas separadas, una con los líderes independentistas huidos de la justicia y otra con los que permanecen en España.

El recurso argumenta que la división de la causa "supone un agravamiento de la vulneración de los derechos de las defensas, a quienes se les ha impedido interrogar "a los investigados afectados por dicha decisión, entre lo que se encuentran, por ejemplo, la persona que ocupaba el cargo de Molt Honorable President de la Generalitat".

La defensa argumenta además que la división de la causa no tiene amparo legal, porque la ley no lo permite en los procesos sumariales, como es el de rebelión que instruye Llarena por la hoja de ruta unilateral a la independencia.

La abogada de Forcadell denuncia además en su recurso la "completa delegación de la investigación en la policía judicial" en el caso del "procés", lo que a su parecer "genera de facto una instrucción paralela extraprocesal, en la que no pueden participar las defensas".

En representación de Anna Simó, ex secretaria primera de la Mesa, la misma abogada ha presentado un recurso de apelación ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo contra la decisión del juez Pablo Llarena de procesarla por un delito de desobediencia.

En su recurso, Simó alega que se limitó a cumplir con sus "obligaciones" como uno de los miembros de la Mesa del Parlament, quienes, a su parecer, "no tienen facultad, ni deben tenerla, para limitar el debate que los diputados realizan, haciendo uso del derecho a la libertad de expresión y en ejercicio de la representación de la ciudadanía".

La defensa de Simó invoca además la "inviolabilidad parlamentaria", que a su entender "protege la libertad de expresión de los parlamentarios y la prohibición de ejercerla sin censura previa, para preservar así el desarrollo del derecho fundamental de los ciudadanos a la participación política".