(Actualiza la CF2030 indicando el tiempo por el que se solicita la ampliación)

La Fiscalía ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 5 de León la ampliación por un periodo de dos años del plazo de instrucción del caso de Caja España debido a que la causa ha sido declarada de "especial complejidad" y para evitar que los supuestos delitos puedan prescribir.

La solicitud de la Fiscalía, a la que se ha adherido IU, que se personó como una de las acusaciones particulares en la causa, se presentó el pasado 11 de mayo, más de dos meses después de que el citado juzgado dictase el archivo de las actuaciones el considerar prescritos los supuestos delitos.

Esa medida fue recurrida por la Fiscalía ante la Audiencia Provincial y por IU, que en su caso presentó recurso de reforma y no de apelación, por lo que deberá ser el propio juzgado que el que resuelva.

El letrado que representa a IU, Alberto López Villa, ha explicado a Efe que lo que ha hecho la Fiscalía es tratar de asegurarse un plazo que permita finalizar la instrucción, de la que tan solo falta la declaración de uno de los catorce investigados, el coordinador general del PP y diputado nacional por Zamora, Fernando Martínez-Maillo, que el ser aforado deberá comparecer ante el Supremo.

El Juzgado de Instrucción número 5 de León dictó el pasado 6 de marzo un auto por el que archivaba la causa al considerar prescritos los delitos por los que estaban siendo investigados los exconsejeros de CajaEspaña.

Los recursos presentados tras adoptar el juzgado esa medida argumentan que no hay prescripción del supuesto delito al considerar que desde la comisión del mismo hasta la fecha de la providencia no transcurrieron cinco años.

Eran investigados en esta causa los consejeros que participaron en la reunión del 8 de enero de 2009 del consejo de administración de Caja España en la que se dio vía libre a operaciones de crédito y avales financieros a Santos Llamas, empresario y presidente entonces de la entidad, que en su conjunto llegaron a sumar un valor cercano a los 70 millones.

Unas operaciones que se suscribieron por Llamas con la entidad que presidía y que, según el informe del Banco de España, no fueron computadas como de alto riesgo por lo que se investigaba si se produjo una administración desleal que causó un perjuicio millonario a la entidad y a las que se suman otras operaciones y dudosas refinanciaciones crediticias a otros empresarios de la construcción.

Trece de los catorce exconsejeros investigados comparecieron ante el juez los pasados días 18 y 20 de febrero, ya que de la citación quedó excluido Martínez Maíllo, que al ser diputado está aforado y estaba previsto que prestara declaración en el Supremo.

La causa fue promovida por IU, Ecologistas en Acción e Izquierda Abierta (IzAb), que se personaron como acusaciones particulares, si bien no fue respaldada por las entidades resultantes de al extinta caja de ahorros -Caja EspañaDuero y Unicaja- ni por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) al no sentirse perjudicados.

El proceso sufrió numerosas interrupciones durante años por los recursos interpuestos por las defensas de los investigados.

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En su comparecencia ente el juez, los exconsejeros que accedieron a declarar, todos ellos nombrados a propuesta del PSOE, negaron las acusación y afirmaron que siempre buscaron lo mejor para la entidad financiera y todas las decisiones siguieron criterios técnicos basados en la legalidad.