La Fiscalía es partidaria de que la investigación de la estafa piramidal millonaria que llevó supuestamente a cabo el exfutbolista Raúl Cano a través de su empresa ARC la lleve la Audiencia Nacional y no un juzgado de Madrid, ya que afecta a varios partidos judiciales de España.

En un informe remitido al juzgado de instrucción 10 de Madrid, al que ha tenido acceso Efe, la fiscal es partidaria en primer lugar de que todas las denuncias de los afectados se acumulen en un solo procedimiento, ya que se investigan varios "contratos fraudulentos" de ARC "que responden todos ellos a un plan preconcebido" para apropiarse de su dinero.

Se trata, abunda la fiscal, de una estafa piramidal "en la que los autores del delito tienen una primera fase en la que aparentan cumplir un contrato operando con el dinero de los sucesivos inversores para saldar las cuentas de ellos, y desplazándose el descubrimiento de la trama delictiva a un momento posterior en el que aflora el apoderamiento definitivo del dinero que los querellados aparentaron reinvertir".

Explica que la empresa del exjugador del Alcorcón, que estafó alrededor de 15 millones de euros a 774 inversores, no vendía en realidad "producto alguno" de inversión en futuros, sino que prometía beneficios que luego pagaba sacando el dinero de los nuevos "socios-partícipes-clientes".

Indica que la empresa comenzó dando beneficios a los clientes, pero a medida que pasó el tiempo estos "rescates" desaparecen y se limitó a entregarles pagarés que nunca abonaron.

En cuanto al tribunal que debe llevar el caso, apoya la petición de varios de los afectados, representados por Durán&Durán Abogados, de que lo investigue la Audiencia Nacional, instancia que de hecho abrió las primeras diligencias (concretamente el juez Ismael Moreno) pero que luego las derivó a los juzgados de Madrid.

La Audiencia Nacional es competente cuando los delitos afecten a varios territorios de España y cree la fiscal que los hechos presuntamente delictivos no solo sucedieron en Madrid, sino también en Pozuelo de Alarcón y Alcorcón, donde ARC tuvo el domicilio social y "se ideó la actividad delictiva".

Además, recuerda que, tal y como alegaron los afectados, el número de víctimas podría ascender a las mil personas, que firmaron contratos con ARC en varios lugares como Londres, Granada, León, Cartagena, Zaragoza, Valencia y otras ciudades españolas.

Por ello, cree que el juzgado central de instrucción 2 de la Audiencia Nacional (el de Ismael Moreno) es el competente para investigar este caso y que deben remitirle las actuaciones del juzgado 10 de Madrid y de los otros que hayan recibido denuncias contra ARC.

Ahora, el juzgado 10 debe resolver esta cuestión de competencia para ver qué órgano jurisdiccional lleva esta estafa multitudinaria, en la que Cano llegó supuestamente a captar a al menos 774 clientes que invirtieron alrededor de 15 millones de euros con la promesa de suculentos dividendos por inversiones en el mercado de futuros, concretamente en divisas.

Sin embargo, según los investigadores, esos beneficios nunca se generaron y las supuestas rentas se pagaban con el dinero que invertían nuevos clientes, en lo que supone el esquema clásico de una estafa piramidal.

Cuando fue detenido el pasado febrero y puesto en libertad, Cano negó estas acusaciones y dijo que él no prometió ninguna rentabilidad concreta. "Lo que se ofrecía al cliente era la realización de inversiones, sin que se ofreciera ningún tipo de beneficio o rentabilidad a priori", aseguró a la Policía.