En el escrito, el fiscal destaca que el riesgo de fuga "no solo no ha desaparecido, sino que resulta más notorio", ya que, si bien las penas son muy inferiores a las solicitadas, "no es menos cierto que, aun no siendo firme, sí pesa ahora sobre ellos una condena de nueve años de prisión, es decir, una pena grave derivada de un delito grave".

Además, el fiscal recuerda que cuatro de los cinco condenados en Pamplona están siendo investigados por un presunto abuso sexual y contra la intimidad en la localidad cordobesa de Pozoblanco, "delitos que, como mínimo, llevan aparejadas penas de uno a tres años de prisión y de dos a cinco años, respectivamente, lo que incrementa el riesgo de sustraerse a la acción de la justicia".

Respecto a la posibilidad de reiteración delictiva, el fiscal señala que hay al menos indicios de que las acciones de La Manada en los Sanfermines de 2016 "no son un hecho aislado".

La alegación de que los procesados no van a reincidir porque han perdido su anonimato, según el fiscal, "simplemente conduce a excluir el riesgo de reiteración delictiva a cualquier procesado por hechos graves que hayan tenido trascendencia mediática, y a hacer innecesaria dicha medida cautelar".

Para el fiscal, es necesario ponderar el derecho de los procesados y la debida protección de la víctima y en este caso considera que "ha primado el primero sobre el segundo".

Por otro lado, en el recurso se rechaza la medida cautelar de prohibir a los condenados entrar en la Comunidad de Madrid, ya que "supone una mayor limitación deambulatoria por el territorio nacional para la víctima que para los propios acusados".
 

La jefa del equipo de expedición de esos documentos en la oficina de Tablada-Sevilla le comunicó la imposibilidad de hacer ese trámite por tener prohibida la salida del territorio nacional.

Guerrero había solicitado cita previa y acudió a la oficina a las 11.30 horas. Una hora después, se personó ante el juzgado de guardia para cumplir uno de los requisitos que le impuso la Audiencia de Navarra para salir en libertad provisional.

Su abogado, Jesús Pérez, ha explicado que su cliente fue a comisaría a consultar la caducidad de su pasaporte porque "no quería tener ni el más mínimo problema".

Sin embargo, ha señalado que su cliente "se presentó en la Policía informando de su situación y si debía hacer algo", ya que creía que tenía el pasaporte caducado pero "no lo sabía seguro y quería preguntar cómo debía actuar" e "incluso si tenían que quedárselo allí la Policía".

"Le informaron de que al estar caducado el pasaporte no tenía que hacer nada", ha asegurado el abogado, una situación que "se ha puesto en conocimiento del juzgado".

Antonio Manuel Guerrero se encuentra en libertad provisional desde el 22 de junio tras abonar la fianza de 6.000 euros que le impuso la Audiencia de Navarra para salir de prisión.

Como el resto de los condenados, debe comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia de su localidad de residencia y así lo hizo el mismo lunes y ayer, miércoles, de forma que tendrá que volver a hacerlo mañana.

También tiene prohibido acceder a Madrid, lugar de residencia de la denunciante, con la que tampoco se pueden comunicar por ningún medio o procedimiento.

Asimismo se les prohibió salir del territorio nacional sin autorización judicial, además de designar un domicilio donde pueda ser hallado, así como un teléfono de contacto, con la advertencia de que en el caso de no ser localizado en él de inmediato se expedirá la correspondiente orden de busca y captura.