La Fiscalía ha pedido 8 años de cárcel, 36 años y medio de inhabilitación y multa de 522.000 euros para el exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) en el conocido como caso Serrallo, por presuntas irregularidades urbanísticas en una parcela destinada a zona verde y donde se autorizó una discoteca.

El Ministerio Público solicita en sus conclusiones provisionales esas mismas penas para la exedil de Urbanismo Isabel Nieto (PP) y para el técnico Manuel Lorente, quien fue director de obras municipales, y no formula acusación contra el resto de los concejales procesados de la Junta de Gobierno Local, seis de los cuales siguen actualmente como ediles del grupo municipal popular.

Según ha informado la Fiscalía en un comunicado, también formula acusación contra el empresario R.G.A., para quien pide ocho años de prisión, 522.000 euros de multa, ocho años de inhabilitación como promotor o constructor y que no pueda recibir subvenciones, ayudas o incentivos públicos durante veinte años.

Los hechos penales señalados en el escrito fiscal contra el exalcalde, la exedil de Urbanismo, el promotor y seis técnicos municipales se consideran constitutivos de delitos continuado contra la ordenación del territorio, continuado de prevaricación urbanística, continuado de prevaricación común, fraude en la contratación, tráfico de influencias y encubrimiento.

Se formula además escrito de acusación como responsables civiles o partícipes a título lucrativo contra las empresas Inversiones Área Sur SL, en su condición de empresa promotora, Empresa Fontdeis SL, Sociedad 683 UPPER Club SL y Multiaventuras Serrallo Plaza SL.

El Ministerio Público encuentra delictivas las actuaciones urbanísticas relacionadas con la construcción, uso y aprovechamiento de unos espacios públicos recogidos en el Plan de Ordenación Urbana de Granada (PGOU) a raíz de una concesión administrativa para la construcción y explotación de un parque infantil y llevadas a cabo tanto con vulneración del pliego de condiciones como de la legislación urbanística.

Según la Fiscalía, se habría sustraído "sustancialmente al uso público" unos terrenos poniéndolos, a través de distintos expedientes municipales, "al servicio de las necesidades e intereses de un promotor privado y del centro comercial contiguo", cambios de uso del espacio público que han sido "ostensibles y notorios".

También recoge como delito los incumplimientos económicos contraídos con el Ayuntamiento por el empresario acusado tanto en el contrato de concesión administrativa del parque infantil como en los convenios suscritos para la gestión y ejecución de la unidad de ejecución derivadas del proyecto de compensación.