El exinterventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez, acusado de prevaricación y malversación en la pieza política del caso ERE, ha declarado hoy que "ninguna" de las "deficiencias" detectadas en el sistema de las ayudas investigadas "suponía un menoscabo de fondos públicos".

Gómez fue interventor general de la Junta entre 2000 y 2010 y se enfrenta a 6 años de prisión y 30 de inhabilitación por no paralizar la concesión y pago de las ayudas sociolaborales que se repartieron siguiendo un "procedimiento específico" que presuntamente permitía darlas de manera arbitraria y eludiendo el control administrativo, según el juez instructor que cerró la investigación.

Por crear o mantener ese sistema se enjuicia a 22 excargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

"Aquí han intervenido una docena de profesionales de la Intervención y ninguno ha advertido que estuviera delante de sus narices un supuesto menoscabo de fondos públicos", ha defendido, tras considerar "un poco raro" que a todos se les pasara "una omisión tan grave que a mí me piden seis años de cárcel".

El fiscal le ha preguntado reiteradamente si las deficiencias indicadas en un informe de 2005 por la falta de solicitud de las ayudas de los ERE o de fiscalización previa no suponían un "riesgo de menoscabo de fondos públicos" y ante su reticencia a definir qué puede considerarse riesgo, ha intervenido el juez para instarle a responder según su criterio.

"Ninguna suponía menoscabo de fondos públicos", ha reiterado.

Se trata de un informe adicional al informe de cumplimiento sobre el ejercicio 2003 de la agencia pública IFA/IDEA, organismo que pagaba las ayudas de los ERE que daba la Consejería de Empleo con dinero que ésta le remitía mediante transferencias de financiación, informe adicional del que ha destacado que se hizo sin tener obligación y como añadido revisando una veintena de expedientes de ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo.

Para Gómez, tales deficiencias fueron reseñadas por el interventor delegado para las empresas públicas aplicando la Ley de Subvenciones, cuando a su juicio las ayudas sociolaborales que daba Empleo para los ERE "no son subvenciones".

"Y si lo fueran, si se analizaran sobre la orden ministerial de 1995, que creo aplicable porque está regulando lo mismo, creo que el juicio sería matizadamente distinto", ha añadido, aludiendo a una norma estatal a la que apelan varias defensas ante la acusación de que las ayudas de los ERE no estaban reguladas.

Gran parte del interrogatorio del fiscal, el más largo realizado hasta ahora a un acusado (ha durado más de seis horas y media y seguirá el lunes) se ha centrado en qué efecto debían haber tenido en la actuación del Gobierno andaluz los avisos de la Intervención sobre éstas y otras deficiencias.

Gómez -que actualmente es interventor de la Agencia Tributaria de Andalucía y participa en la comisión para reformar el reglamento de la Intervención de la Junta- ha pedido suspender el interrogatorio pasadas las 19.30 horas al estar "muy cansado" y tener que inyectarse heparina, pues está en silla de ruedas tras sufrir un accidente en enero en el que se rompió los dos pies.