El director financiero de IDEA entre 2008 y 2010 Antonio Diz-Lois ha declarado hoy que la Intervención "nunca pidió que se suspendieran los pagos" que hacía esta agencia pública de las ayudas que daba la Consejería de Empleo investigadas en el caso ERE y que nunca se pagó sin que Empleo enviara el dinero.

Diz-Lois ha declarado como testigo en la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán-, acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que, según la Fiscalía, durante una década el Gobierno andaluz repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo el control.

Ese "procedimiento específico" se creó en 2001 mediante la firma de un convenio entre la Consejería de Empleo -cuya Dirección General de Trabajo concedía las ayudas- y el ente público IFA (luego IDEA) para que éste las pagara con fondos que Empleo le enviaba mediante transferencias de financiación, según las acusaciones para eludir la fiscalización previa.

Diz-Lois -que estuvo investigado en esta causa aunque el juez que cerró la instrucción no vio indicios de delito para enjuiciarle- ha declarado hoy que en la agencia IDEA "nunca" tuvieron "ninguna duda" de que las ayudas se estuvieran fiscalizando correctamente en Empleo y de que "todo se hacía legalmente, si no, no hubiéramos pagado".

Ha explicado que para materializar el pago de cada ayuda, se suscribían convenios particulares entre Empleo e IDEA que "pasaban por la asesoría jurídica" de la agencia pública que "jamás" alertó de ilegalidad, si bien realizaban un "control formal", ya que los expedientes para la concesión de las ayudas estaban en la Consejería de Empleo y en IDEA no tenían acceso a ellos y por tanto al sistema usado para darlas.

No obstante, ha insistido en que "nunca hubo tacha de ilegalidad" y en concreto la Intervención "nunca pidió que se suspendieran los pagos y ha añadido que las recomendaciones o avisos que hacían los interventores eran cuestiones que debía corregir la Consejería de Empleo.

También dependía de la Consejería resolver el desfase presupuestario que los auditores de las cuentas de IDEA señalaron porque los convenios suscritos suponían asumir compromisos de pago por encima del dinero que Empleo tenían presupuestado para estas ayudas en cada ejercicio, que no afectaba a la situación patrimonial de la agencia porque esta "sólo pagaba cuando recibía los fondos".

Ha admitido que acabar con ese desfase, por el que los informes de auditoría contenían salvedades, era "una preocupación en la agencia" y fue uno de los objetivos de la Dirección Financiera en su etapa.

Para ello, en octubre de 2008 se celebró una reunión a la que asistieron, además de Diz-Lois, el viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, su homólogo de Innovación Jesús María Rodríguez Román (desde 2004 IDEA estaba adscrita a Innovación pero seguía pagando las ayudas de Empleo), el director de Trabajo Juan Márquez y el director de IDEA Jacinto Cañete (todos acusados en este juicio).

Allí, el viceconsejero de Empleo asumió el compromiso de ir reduciendo ese desfase aumentando el presupuesto y reduciendo sus compromisos de ayudas. "Dijeron que era imposible reducirlo en seis meses y se comprometieron a dejarlo a cero en el año 2009 y efectivamente cumplieron", según Diz-Lois.

El fiscal le ha mostrado un correo electrónico que envió a Empleo en el que indicaba que IDEA había pagado ayudas por mayor cuantía que el dinero allegado, ante lo que Diz-Lois ha reconocido que "engañó" a la Dirección General de Trabajo diciéndole que le quedaba menos crédito para que restringiera los compromisos y reducir el desfase, aunque luego ha matizado que no incluyó inicialmente el remanente de anteriores ejercicios pero en sucesivos correos ya sí lo hizo.

Paralelamente, también durante 2009, Empleo comunicó a IDEA que iban a mejorar el procedimiento tras haber encargado un informe al despacho Garrigues cambiando los convenios por resoluciones de pago y usando como herramienta financiera para enviar los fondos a la agencia encomiendas de gestión en vez de transferencias de financiación, cuyo uso para pagar las ayudas era "inadecuado" según la Intervención.