El exconsejero de Empleo Antonio Fernández, uno de los principales implicados en el caso ERE por el que estuvo cuatro meses en prisión, está citado mañana para declarar en el juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta, declaración que se prevé larga y ocupará las dos sesiones fijadas en Semana Santa.

Fernández afronta ocho años de cárcel y treinta de inhabilitación, acusado de prevaricación y malversación, y su interrogatorio se ha ido retrasando -estaba previsto que fuera el segundo en declarar y ya han comparecido 18 acusados- debido a una afonía que sufre.

Además, la pasada semana se alteró el orden para que en Semana Santa no declaren acusados con letrados de Madrid, por la dificultad para encontrar tren y hotel estos días en Sevilla.

Fernández fue viceconsejero de Empleo del 2000 al 2004, y como tal, presidente de la agencia pública IFA -luego IDEA- y consejero de Empleo del 2004 al 2010.

Junto al exdirector general de Trabajo Javier Guerrero es el único de los 22 ex altos cargos de la Junta que se sientan en el banquillo que ha pasado por prisión, donde ingresó la madrugada del 24 de abril de 2012 tras declarar durante cuatro días ante la primera instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, y salió en agosto pagando 450.000 euros de fianza.

El juez instructor que cerró la investigación, Álvaro Martín, considera que como viceconsejero y presidente de IFA "impulsó de manera directa la implantación" del "procedimiento específico" por el que la Junta repartió, entre 2001 y 2011, más de 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma presuntamente arbitraria y eludiendo los controles administrativos.

La Fiscalía y las acusaciones de PP-A y Manos Limpias sostienen que la finalidad de este convenio era eludir la fiscalización previa que habría si estas ayudas las abonaba la Consejería de Empleo y el instructor achaca a Fernández que "permitió que IFA-IDEA fuese empleado como caja pagadora de subvenciones y ayudas a sabiendas de que no podía obrar como tal en los supuestos de subvenciones excepcionales"

La Intervención de la Junta -cuyo exinterventor general Manuel Gómez también está acusado- alertó en varios informes de que era "inadecuado" usar las transferencias de financiación de una consejería a un ente instrumental para pagar ayudas, por ser un instrumento financiero para equilibrar las cuentas de entidades públicas.

Fernández está en el epicentro del caso ERE por firmar dicho convenio y porque apareció como prejubilado en un ERE subvencionado por la Junta a la empresa González Byass, aunque nunca cobró su renta, y porque ha sido citado por varios investigados beneficiarios de ayudas como la persona con la que trató su prejubilación.