Directivos de medios de comunicación y publicistas declaran hoy como testigos ante el juez que investiga los preparativos del referéndum, en relación con las campañas divulgativas que la Generalitat lanzó para promover el 1-O.

Según fuentes jurídicas, el titular del Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha citado a declarar a esos seis testigos, que hace meses ya fueron interrogados por la Guardia Civil en relación con la publicidad del 1-O.

Con estas citaciones, el juez pretende aclarar cuál fue el proceso por el que la Generalitat encargó las campañas publicitarias y contrató a los medios de comunicación para que las emitieran.

Concretamente, se investiga la campaña Civisme, un anuncio con el logo de la Generalitat que mostraba unas vías de tren que se bifurcaban con el eslogan: "Has nacido con la capacidad de decidir, ¿renunciarás?".

La otra campaña investigada es la que la Generalitat lanzó meses antes del referéndum para promover la inscripción en el registro de catalanes residentes en el exterior, con el lema: "¿Tienes familiares o amigos que viven fuera de Cataluña? ¿Ya se han inscrito en el registro de residentes en el exterior?", junto a una fotografía de una tableta electrónica en la que aparece el mapa catalán y la pregunta "¿Sí o no?", en letra negrita.

La Guardia Civil considera que el Govern financió con fondos públicos ambas campañas publicitarias, lo que podría acarrear un delito de malversación.

Entre los testigos figuran responsables de agencias publicitarias vinculadas a esos anuncios, así como Xevi Xirgo, director de El Punt-Avui, y Núria Llorach, vicepresidenta en funciones de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.

También ha comparecido como testigo ante el juez Joan Puig, editor y administrador de la empresa Catmedia SL, que gestiona el periódico digital directe.cat.

El testigo se ha negado a quitarse el lazo amarillo que lucía en la solapa, en solidaridad con los políticos independentistas presos, por lo que el juez no le ha permitido prestar declaración en esas condiciones y le ha advertido de que se expone a una multa de hasta cinco millones de euros, según ha explicado él mismo a los medios a su salida de los juzgados.

Puig ya se negó a prestar declaración ante la Guardia Civil cuando lo citó para interrogarlo en el cuartel el pasado 20 de octubre -pese a que los testigos, a diferencia de los imputados, no tienen derecho a guardar silencio-, tras lo que los agentes le advirtieron de que podía incurrir en un delito de obstrucción a la justicia.