El Defensor del Pueblo critica que la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, genera problemas que afectan a "cuestiones tan sensibles" como los registros corporales en la calle, el ejercicio del derecho de manifestación y a la libertad de expresión y de información.

En su informe anual de 2017, la institución que vela por los derechos fundamentales de los ciudadanos cree que en estos ámbitos deberían reforzarse las garantías a la hora de aplicar la ley, o directamente tenerlos en cuenta para la reforma de la norma que tramita el Congreso.

El Defensor del Pueblo realizó varias recomendaciones sobre los artículos de la ley que establecen sanciones en reuniones en lugares públicos y manifestaciones, pero también en el caso de una periodista que fue multada cuando cubría la declaración del expresidente Jordi Pujol en la Audiencia Nacional en febrero de 2016.

Se trata de la periodista Mercè Alcocer, que resultó multada con 601 euros por una falta grave de desobediencia a agentes de la autoridad, una sanción que el Defensor del Pueblo pidió a la Delegación del Gobierno en Madrid que revocara.

La Delegación rechazó su petición a pesar de que, según el Defensor, "no se hacía ningún juicio de proporcionalidad, ni se motivaba la constitucionalidad de la sanción impuesta, ni siquiera se consideraba que pudiera existir una limitación o afectación de un derecho fundamental".

La Delegación consideró, indica el informe, que la periodista "incumplió reiteradamente una orden legítima de la autoridad competente de no traspasar la zona de uso exclusivo de los periodistas, motivada por razones de seguridad y orden público, y que dichas órdenes no implicaron un recorte de sus derechos fundamentales".

Otra de las quejas desoídas, que en este caso afecta al derecho de reunión, fue la revocación de una sanción impuesta a una mujer que había participado en una concentración en Aragón porque, según la Delegación del Gobierno, se le puso la multa cuando ya había acabado la concentración.

Sin embargo, el Defensor del Pueblo ha recomendado que en estas multas se haga mención expresa a si se ve afectado el derecho de reunión.

Según los datos del Ministerio del Interior sobre la aplicación de la ley en su primer año de vigencia (se aprobó en marzo de 2015) que el Defensor del Pueblo refleja en el informe, en ese periodo se aplicaron 20.664 sanciones, de las cuales nueve fueron en el transcurso de manifestaciones.

Otro de los aspectos de la ley que preocupa al Defensor del Pueblo es el de la negativa a identificarse a los policías, como ocurrió con sanciones impuestas en Madrid y Cantabria en las que no se precisaba qué precepto se habían vulnerado, lo cual provoca, a su juicio, indefensión.