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TRIBUNALES ERE

Confirmada exclusión de exconsejero Fernández de la pieza de ayudas a Boliden

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha confirmado la exclusión del exconsejero de Empleo Antonio Fernández en la pieza separada del caso ERE que investiga las ayudas a los exmineros de Boliden concedidas en 2002, y desestima así los recursos contra este apartamiento de la Fiscalía y la Junta.

  • Agencia EFE

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha confirmado la exclusión del exconsejero de Empleo Antonio Fernández en la pieza separada del caso ERE que investiga las ayudas a los exmineros de Boliden concedidas en 2002, y desestima así los recursos contra este apartamiento de la Fiscalía y la Junta.

En un auto del 23 de abril, al que ha tenido acceso Efe, confirma la decisión de la instructora María Núñez de sacar a Fernández de esta pieza separada aplicando el principio esgrimido por su defensa de que no puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, al estar procesado en la pieza política del caso junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La Sección Séptima de la Audiencia incide en su argumento de que en esa pieza, al acusar la Fiscalía a los procesados de delitos continuados de prevaricación y malversación, se les esté juzgando no sólo por crear un "procedimiento específico" con el que durante una década la Junta repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis presuntamente de forma arbitraria y eludiendo el control sino por cada ayuda dada usando ese sistema.

Insiste en criticar que el Ministerio Público pretenda ahora que "vulnerando la Constitución" los acusados en ese proceso sean juzgados también en las piezas separadas sobre ayudas concretas, al entender que existe una "igualdad" de hechos.

La Sección Séptima mantiene así su criterio, que sigue la jueza Núñez, de que los ex altos cargos acusados en la pieza política sólo sean juzgados en esta y sean excluidos de las piezas separadas, en contra del criterio de la Fiscalía y la propia Junta de Andalucía que recurren una a una cada exclusión alegando el riesgo de "impunidad" de los presuntos ilícitos penales derivados de su actuación en la concesión y pago de cada ayuda concreta.

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