La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a nueve años de prisión a dos expolíticos cacereños por asesinar al que fuera número tres de la lista del PP a la Alcaldía de Robledillo de Gata (Cáceres) en 2011, Juan Carlos Marcos.

Los procesados, que fueron declarados culpables por un jurado popular, son dos vecinos del municipio vecino de Descargamaría, Modesto Sánchez, exedil socialista pero que en el momento de los hechos participaba en la campaña municipal del PP, y Luis Miguel Hernández, candidato por la lista popular de esta última localidad.

Con siete votos a favor y dos en contra, el jurado consideró probado que los ahora condenados acabaron con la vida de Marcos, quien no tuvo oportunidad de defenderse.

Ambos procesados, según refleja la sentencia, deberán abonar a los familiares del fallecidos una indemnización global que asciende a 215.000 euros.

El cuerpo sin vida del candidato popular fue encontrado por un vecino en la madrugada del 14 de mayo de 2011 en una cuneta de la carretera que enlaza Robledillo y Descargamaría, dos localidades separadas por unos tres kilómetros.

Marcos, que no tenía vehículo, realizaba todos los días el mismo trayecto a pie, pues residía Descargamaría pero trabajaba como obrero en Robledillo.

Aquella noche, Juan Carlos Marcos participó en un acto electoral del PP en Robledillo de Gata, de cuya lista electoral formaba parte en el puesto número tres. Tras el mitin, éste y los ahora declarados culpables coincidieron en un bar de la zona.

Posteriormente, Luis Miguel Hernández y Modesto Sánchez, que viajaban en un turismo, hallaron a Marcos tendido sobre la citada carretera, en estado de embriaguez e inconsciente.

Así, se considera que ambos procesados aprovecharon la situación de indefensión de Marcos para atropellarlo mortalmente con el coche, para posteriormente huir del lugar.

El veredicto dio por válido el informe de la Guardia Civil de Tráfico de Cáceres, que determinó cómo sucedieron los hechos.

Aunque la Fiscalía había pedido una pena de 12 años de prisión y 18 años las acusaciones particulares, la Audiencia ha reducido las penas a nueve años por dilación indebida del proceso.