La Audiencia de Valladolid ha condenado a un matrimonio de nacionalidad rumana a penas que suman cinco años y ocho meses de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores, cometido al hacer trabajar a un compatriota 6 años sin pagarle, sólo a cambio de techo, comida y pequeñas cantidades.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, condena en concreto a tres años y dos meses de prisión a Ilie C., que también deberá pagar una multa de 1.920 euros -ocho meses con cuota diaria de ocho euros al día- y a su esposa Forica P., como autora del mismo delito por cooperación necesaria, a dos años y medio de prisión y multa de 1.680 euros - siete meses a cuota diaria de ocho euros-.

La resolución judicial, que absuelve a ambos del delito de extorsión del que también habían sido acusados, establece en concepto de responsabilidad civil que el matrimonio encausado deberá pagar 9.000 euros, de forma conjunta y solidaria, al perjudicado, por el daño moral ocasionado.

En el caso de ambos acusados, el fallo aplica la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.

La sentencia considera hechos probados que en marzo de 2008 el encausado Ilie C., de 39 años, contactó con un compatriota suyo, que se encontraba en Rumanía, y le propuso trasladarse a Valladolid para trabajar en el campo, diciéndole que había trabajo y se ganaba mucho dinero.

Ante la situación de precariedad en que se encontraba y con la esperanza de mejorar de vida, la víctima aceptó y llegó a Pozaldez (Valladolid), donde residía el matrimonio, en un viaje facilitado por el acusado a través de personas de su entorno.

Se alojó entonces la víctima, de 62 años en la actualidad, en casa de Ilie C. y su mujer, de la misma edad que su marido y que estaba al corriente de lo que se proponía su esposo.

El perjudicado, sólo en España, sin conocer el idioma, sin familia y sin apoyo, comenzó a trabajar en las tareas agrícolas que le conseguía el encausado y bajo las condiciones que éste la marcaba, ya que era quien ajustaba los términos de la contratación con los empresarios agrícolas.

La remuneración que pagaban a la víctima la recogía el acusado, quien manifestó al perjudicado que había generado una deuda por el traslado, los gastos de alojamiento y manutención, y que la tenía que pagar mediante su trabajo en el campo.

Después de un tiempo en el que la deuda del traslado ya habría quedado saldada, la situación de la víctima no cambió, de manera que el acusado siguió beneficiándose del salario que percibía por los trabajos agrícolas, teniendo así a su servicio al afectado a cambio del alojamiento y la manutención, dejando que dispusiera "sólo de pequeñas cantidades" para ir al bar.

En total, los hechos se prolongaron hasta junio de 2014 y la víctima accedía a ello dado el desarraigo y la falta de alternativas en que se encontraba.

Además, el acusado, "aprovechándose de la vulnerabilidad" de la víctima, hizo que firmara diversos documentos, sin que este último tuviese conocimiento de lo que realmente rubricaba.

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La sentencia fija que la acusada participaba con su marido en las condiciones laborales en que mantenían a la víctima y asumió incluso las funciones de vigilancia y control del dinero y la documentación del perjudicado cuando su marido se ausentaba del domicilio.