La Audiencia de Barcelona ha condenado a 26 años de prisión a un hombre acusado de matar en 2015 a su expareja, a la que atestó 23 puñaladas con un machete cuando salía a la calle en Castelldefels (Barcelona) para ir a trabajar.

En su sentencia, el juez condena a Antonio Alcázar por un delito de asesinato a 25 años de prisión y a 1 año por un delito de tenencia de arma prohibida, al haber perpetrado el delito con un machete de trece centímetros de hoja.

La Audiencia, además, obliga a Alcázar a indemnizar con un total de 200.000 euros a los familiares de la víctima, en concreto, 125.000 euros para la pareja de la fallecida, 52.000 euros para su hijo, que en el momento de los hechos tenía trece años, y 10.500 euros para cada uno de sus padres.

Según el veredicto del jurado popular que juzgó el caso, la sentencia considera probado que Alcázar esperaba en la calle, en agosto de 2015, a que la fallecida saliera a las 06:30 horas de su casa en Castelldefels (Barcelona) para ir a trabajar.

Cuando la víctima abandonó su domicilio y se dirigió al aparcamiento, que se encontraba en las inmediaciones de su casa, el acusado, con el que mantuvo una relación sentimental de tres años, se le acercó por detrás con la cara tapada con una capucha y empezó a apuñalarla con un machete.

En la sentencia, el juez ha afirmado que "resulta indiscutible" la existencia de pruebas que señalan a Alcázar como el autor de los hechos ya que, tras atestar 23 puñaladas a la víctima, salió huyendo del lugar y dos personas, que fueron testigos de la agresión, le persiguieron y detuvieron.

Además, varios testimonios afirmaron que el acusado manifestó, poco después de los hechos, que había matado a su expareja porque "le hacía la vida imposible y no podía más".

Las pruebas periciales también sitúan a Alcázar como el autor del crimen, puesto que se encontraron sus huellas dactilares en el mango del machete -aunque durante el crimen llevaba guantes- y también se encontró sangre de la víctima en la ropa que el acusado llevaba.

El magistrado ha impuesto una pena de 26 años porque considera que Alcázar cometió el delito con alevosía, al haber atacado a la víctima de forma sorpresiva sin que tuviese oportunidad de defenderse, y con ensañamiento porque le atestó 23 puñaladas, muchas de ellas innecesarias para causarle la muerte y que solo tenían el propósito de aumentar su sufrimiento.

En el juicio, la defensa alegó que el acusado estaba en una situación de acoso laboral que le había provocado un "estado emocional crítico".

El jurado popular que enjuició el caso rechazó que se atenuara la responsabilidad de Alcázar por esta circunstancia y determinó que el acusado tenía sus "facultades superiores conservadas" porque todas las pruebas psiquiátricas practicadas descartaron que sufriera ninguna afectación.