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JUECES PROTESTAS

Catalá rebate críticas de CGPJ y pide también respeto para el poder ejecutivo

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha rebatido hoy las críticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a su departamento por su actitud durante la huelga de jueces y fiscales y ha abogado por respetar "la independencia del poder judicial" y también "la posición institucional del poder ejecutivo".

  • Agencia EFE

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha rebatido hoy las críticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a su departamento por su actitud durante la huelga de jueces y fiscales y ha abogado por respetar "la independencia del poder judicial" y también "la posición institucional del poder ejecutivo".

Catalá se ha referido en rueda de prensa a una nota hecha pública hoy por el CGPJ, que ha lamentado que el Ministerio de Justicia haya generado un "clima de desconfianza institucional" al ordenar a los funcionarios de juzgados que no informaran en la jornada de huelga del número de actuaciones suspendidas a causa del paro.

En opinión de Catalá, "volver ahora con este asunto cuando ya esta superado y resuelto no aporta demasiado" y "grandes palabras en torno a la desconfianza institucional", a su juicio, "no son propias de la relación de colaboración cotidiana" que debe presidir el trabajo de los poderes de Estado.

A su juicio, esa colaboración debe caracterizarse por "el respeto a la independencia del poder judicial y el respeto a la posición institucional del poder ejecutivo y del Gobierno".

Catalá ha recordado que la huelga tuvo lugar el pasado 22 de mayo -"ojalá nunca más tengamos una huelga", ha dicho- y ha destacado las reuniones mantenidas con las asociaciones de jueces y fiscales para evitar nuevos paros.

"Ojalá el CGPJ también dedique esfuerzos a que no haya conflictos en el sector", ha añadido.

Según el ministro, recabar la información relativa a la huelga le corresponde al CGPJ, que dio instrucciones a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y éstos pidieron esos datos a los letrados de la administración de Justicia.

Pero los letrados, "dentro de la máxima lealtad y del máximo respeto a la independencia y a la colaboración institucional" les dijeron que no los tenían; pueden saber si ha habidos suspensiones, incidencias o aplazamientos, pero no si se debieron a la huelga, ha explicado Catalá.

"Creo que este asunto está ya resuelto" y "no puede ser en ningún caso un conflicto", ha añadido.

Catalá se ha referido a esta cuestión tras concluir la Conferencia sectorial de Justicia con los consejeros de las comunidades que tienen transferida esta competencia, algunos de los cuales también sufren las movilizaciones y protestas de los profesionales del sector.

El ministro les ha informado de los presupuestos y proyectos legislativos que se están tramitando en el Parlamento, que darán respuesta a buena parte de las reivindicaciones profesionales, y se ha abordado la creación de una grupo de trabajo de recursos humanos para fortalecer la coordinación con las comunidades.

Ha analizado asimismo con los consejeros la labor de los juzgados especializado en las demandas de las cláusulas suelo, designados ante el aluvión de demandas que se preveían y que se ha confirmado: 250.000 presentadas y, por el momento, 30.000 resueltas.

Según ha explicado, se están revisando los medios de los juzgados, su capacidad de atender la carga prevista y los meses de demora que pueden acumularse y en la próxima reunión con el CGPJ, el 12 de junio, se evaluará la situación para paliar el atasco e intentar ofrecer al ciudadano una Justicia rápida y de calidad

El acuerdo para que hubiera juzgados especializados provinciales, ha señalado, se alcanzó "con cautelas" a propuesta del CGPJ, "con nuestras discrepancias y zonas de sombra", pero "no es fácil pegar un bandazo y cambiar de modelo".

En la reunión de hoy, según Catalá, se ha apostado también por impulsar las nuevas tecnologías y fomentar su compatibilidad entre las distintas administraciones, aunque, por la oposición de las comunidades, se ha rechazado avanzar hacia un programa para la gestión procesal común.

Sobre la posibilidad de crear nuevos juzgados, ha apuntado que se van a identificar con las comunidades las necesidades más acuciantes para dar el paso dentro del marco presupuestario en cuanto sea posible, incluso este 2018.

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