El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha apostado hoy por poner límites al ejercicio de la acusación popular, una figura que, como es "un clamor social", debe revisarse para poner límites objetivos -en qué casos- y subjetivos -quién debe ejercerla.

Catalá ha hecho estas consideraciones en el Pleno del Senado en respuesta a la parlamentaria de Podemos Miren Gorrochategui, quien le ha preguntado sobre su apoyo a iniciativas para limitar el ejercicio de la acción popular en determinados delitos.

El titular de Justicia ha recordado que este asunto está a debate en diversos foros, incluidos los partidos políticos, y ha precisado que dentro de la reforma de la Ley de Enjuiciamiemto Criminal (LEC) conviene revisar la acusación popular.

Tras mostrarse dispuesto a llevar ese debate al parlamento, Catalá cree que debe promoverse una revisión de la figura analizando lo que tiene de positivo y los "usos impropios" que se han hecho de ella.

La senadora, por su parte, le ha instado a que se pronunciara sobre si es partidario de limitar por materias la acusación popular.

"Creo -ha respondido el ministro- que la experiencia ha demostrado que el uso de la acción popular ha generado abusos", aunque también se ha usado con fines "legítimos" y "loables".

De todos modos, Justicia presentará un proyecto para que se revisen los límites de la acusación popular en términos objetivos y subjetivos, es decir, en qué tipo de delitos puede ejercerse y quién está legitimado para ello.

Porque en su opinión, es un "clamor" la necesidad de revisarla para que así no haya quien la utilice para "darse publicidad" e, incluso, para obtener rendimientos económicos.