El juicio a una banda de narcotraficantes de Fuerteventura presuntamente liderada por cinco guardias civiles ha sido pospuesto definitivamente al 17 de septiembre, en el tercer y último aplazamiento de la vista oral de esta causa, tras haberlo solicitado hoy todas las defensas.

La Audiencia de Las Palmas había fijado para este lunes el comienzo de la vista oral después de haberla retrasado en dos ocasiones anteriores, pero ha decidido volver a aplazarla en vista de que los abogados de los trece supuestos integrantes de la organización criminal han protestado por no disponer aún de varios de los medios de prueba que se van a utilizar contra sus clientes, lo que podría vulnerar el derecho defensa.

Los letrados han advertido hoy al tribunal de que, pese a haberlo solicitado en distintas ocasiones, aún no han recibido copias de diferentes vídeos grabados por cámaras de vigilancia que consideran necesarios para sustentar sus estrategias de defensa, ya que primero les negaron esas imágenes aduciendo que se infringiría la Ley de Protección de Datos, pero luego se les concedieron el derecho a verlas, pero tarde (el pasado viernes).

Esa circunstancia ha determinado que la entrega efectiva de esos vídeos a las defensas no se hubiera producido todavía al comenzar la sesión de hoy, han expuesto.

Además, los abogados han planteado que también se vulnerarían los derechos de sus clientes a la defensa y a la tutela judicial efectiva si el juicio comenzaba hoy, lunes, debido a errores cometidos al entregarles las grabaciones de diferentes conversaciones telefónicas intervenidas durante la investigación del caso que presuntamente les incriminan.

En un primer momento, se les dijo que esas grabaciones estaban recopiladas en siete discos que se les dieron, pero que luego fueron sustituidos por otros quince que se les facilitaron más adelante y, además, anunciando que habían sido copiados el 31 de mayo, cuando en algunos figuraba que databan del 18 de mayo, según han subrayado.

Por todo ello, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha hecho una pausa para analizar sus peticiones y ha accedido finalmente a ellas, si bien advirtiendo de que este será "el último" aplazamiento de este juicio, en el que los acusados se enfrentan a penas de hasta 31 años y medio de cárcel.