El titular del Juzgado de lo Penal número 2 de San Sebastián, Santiago Romero Buck-Arstad, ha acordado hoy el aplazamiento de la vista oral por las presuntas irregularidades en torno a la construcción del Museo Balenciaga de Getaria (Gipuzkoa) por motivos de salud de uno de los acusados.

Según han informado hoy a Efe fuentes del caso, el magistrado ha adoptado esta decisión después de que el pasado 16 de febrero el letrado de Mariano Camio -excalde de Getaria y uno de los principales procesados- alegara unas dolencias de su cliente a raíz de las cuales el Instituto de Medicina legal ha desaconsejado su asistencia al juicio, que iba a tener lugar a lo largo de dos semanas a partir del próximo 4 de abril.

El factor "estresante", que podría afectar a Camio estos casi quince días con sesiones de mañana y tarde, movió también a la Fiscalía a pedir el aplazamiento de la vista durante por lo menos seis meses, un plazo tras el que, según ha acordado hoy el juez, el procesado deberá someterse nuevamente a un examen forense para determinar nuevamente su estado de salud.

La Fiscalía de Gipuzkoa pide ocho años de cárcel para Mariano Camio por diferentes delitos en la gestión del proyecto del Museo Balenciaga, inaugurado en esa localidad guipuzcoana en junio de 2011 cuando el caso ya estaba en los juzgados.

Solicita además cuatro años de prisión para el arquitecto cubano Julián Argilagos (en paradero desconocido), quien se hizo cargo del proyecto aunque no tenía convalidado su título en España, mientras que para el tercer acusado, Rolando Paciel, que asumió las obras del museo cuando Argilagos residía en Miami, reclama una multa de cuatro meses.

El Ministerio Público considera que Camio mantenía una relación sentimental con Argilagos, al que habría pretendido enriquecer durante el tiempo en que "gozó de las más amplias facultades de gestión, administración y disposición de posibles" en la Fundación Balenciaga, constituida en 1999, y en la sociedad Berroeta Aldamar, creada en 2005.

Entre otras supuestas irregularidades, presuntamente firmó un contrato con él, que contenía "cláusulas no habituales", según el cual los honorarios del arquitecto se incrementarían sobre lo acordado si aumentaba el presupuesto, de forma que un proyecto que no debía superar los 800 millones de pesetas (4,8 millones de euros) llegó a los 15 millones de euros, y la cifra a cobrar por Argilagos alcanzó 1.126.830 euros.

El acuerdo presuntamente permitía a Argilagos residir en Miami sin que disminuyeran sus "derechos retributivos", lo que conllevó la contratación de Rolando Paciel, cuya titulación tampoco estaba reconocida en España y a quien pagaba la sociedad Berroeta Aldamar cuando debía haberlo hecho el propio Argilagos, según la versión de la Fiscalía, que también atribuye a Camio "un lucro ilícito personal", en el que incluye viajes, reparaciones de su vehículo privado y combustible.

Además de las defensas y la Fiscalía de Gipuzkoa, en este proceso judicial están personadas como acusaciones particulares la Fundación Cristóbal Balenciaga y la sociedad Berroeta Aldamar, formada por el Gobierno Vasco, la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Getaria (que gestionó la construcción del museo), que solicitan para los procesados las mismas penas que el Ministerio Público.