Un anónimo recibido poco después de que CiU asumiera en 2011 la presidencia de la Diputación de Barcelona puso al juez tras la pista de una presunta trama para el desvío de subvenciones de la corporación provincial, sobre la que después también denunciaron irregularidades la CGT y la CUP.

Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, el anónimo lo recibió el titular del Juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, cuando CiU ya presidía por primera vez la Diputación de Barcelona, en junio de 2011, y situó al frente de la misma a Salvador Esteve, exalcalde de Martorell (Barcelona) detenido hoy junto a una treintena de personas, aunque ya ha quedado libre.

La denuncia anónima, remitida a los juzgados de instrucción de Barcelona, relataba presuntas irregularidades en la adjudicación de los fondos de cooperación internacional de que dispone la Diputación a fines que nada tenían que ver con los proyectos de desarrollo.

A los indicios que detallaba ese anónimo se sumaron los que relataron la CUP-Poble Actiu y el sindicato CGT en una denuncia que presentaron en junio de 2016 en la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC).

La Oficina tuvo constancia de que el Juzgado de instrucción número 1 de Barcelona ya había abierto diligencias para investigar el presunto fraude de subvenciones en la corporación provincial, por lo que cesó sus pesquisas -como establece la ley- y remitió al magistrado un informe con las gestiones que había llevado a cabo en relación con el caso.

La información de la denuncia de Antifraude, que especificaba con detalle cómo se había producido el supuesto desvío de fondos, dio alas a la investigación judicial que ha derivado en la operación de hoy.

Concretamente, la denuncia de la CUP y CGT destapaba una trama que, entre los años 2012 y 2015, adjudicó sin concurso subvenciones que debían dedicarse a la cooperación internacional a patronales y empresas que no tenían experiencia previa en la materia, pese a que operaban en países en vías de desarrollo del Magreb y América Latina.

Según la denuncia, la patronal Pimec, que ha sido registrada hoy por la Policía Nacional y detenidos algunos de sus responsables, recibió en las convocatorias de 2013 (de forma directa, sin concurso) 13.000 euros, para la internacionalización de las pymes, mientras que en la de 2014 obtuvo otras tres de 38.000, 20.000 y 45.000, para proyectos de cooperación en Marruecos y Panamá.

Los denunciantes señalaban a Jordi Castells, subdirector general de Cooperación Local de la Generalitat que figura entre los detenidos hoy, dado que estaba el frente del área de cooperación internacional de la Diputación cuando se adjudicaron las subvenciones de forma presuntamente irregular.

El juez centra su investigación ahora en un supuesto fraude en subvenciones para proyectos de agua y recogida de residuos en Marruecos, Bosnia y países de América Latina, que sin embargo no se destinaron a los fines previstos.

En la operación, en que han sido detenidas una treintena de personas y se han practicado 14 registros, se investiga el supuesto desvío de más de dos millones de euros en subvenciones de la Diputación de Barcelona para ayudas en proyectos de recogida de residuos y agua en países en desarrollo de América Latina, en Marruecos y en Bosnia, cuando el ente provincial lo presidía CDC.

Según la Policía Nacional, las entidades sin ánimo de lucro que recibieron la mayoría de subvenciones supuestamente irregulares fueron CATmon -fundada por el detenido Víctor Terradellas, exresponsable de Relaciones Internacionales de CDC- e Igman, ambas domiciliadas en la calle Fonollar de Barcelona.

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Durante el periodo investigado, CATmon e Igman recibieron más de 10 millones de euros procedentes de diversos organismos públicos, entre ellos la propia Diputación de Barcelona, por lo que la Policía sospecha que el fraude podría ser mucho más elevado, si bien la investigación judicial se ciñe al supuesto desvío en la corporación provincial.

La mayoría de los proyectos de cooperación subvencionados finalmente no se llevaron a cabo, aunque para justificarlos se emplearon informes copiados literalmente de internet.

Tras dos años examinando decenas de miles de documentos, los investigadores concluyen que la trama creó empresas expresamente para el cobro de las subvenciones, que emitían facturas falsas para cobrar las actividades presupuestadas y no realizadas.

Según la Policía, el dinero de las subvenciones transitaba de forma anómala entre las cuentas bancarias de las onegés Igman y CATmon y la sociedad mercantil Discatimat SL, para finalmente ser reintegrado en efectivo o destinado a sufragar gastos de la actividad del entramado criminal o para terminar en cuentas personales de los investigados.

Entre los principales detenidos figura Víctor Terradellas, que fue secretario de Relaciones Internacionales de CDC y que es socio del actual diputado de JxCat en el Parlament Francesc Dalmases, según ha detallado la Policía en un comunicado.

Los investigadores consideran relevante en la trama el papel de la también detenida Guadalupe Moreno Iturriaga, jefa de la Oficina de Cooperación y Desarrollo de la Diputación de Barcelona.