El exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara y el ex director de la Gerencia de Urbanismo Pedro Morillas han declarado hoy, como acusados en el caso 'Nueva Condomina', que el convenio suscrito con el entonces dueño del Real Murcia Jesús Samper para construir un nuevo estadio fue beneficioso para el ayuntamiento.

El primero en declarar en la primera sesión de la vista oral por este caso de presunta corrupción urbanística, en un Juzgado de lo Penal de Murcia, ha sido Cámara, que ha dicho que actuó siempre de acuerdo con los criterios mantenidos por los servicios técnicos municipales y los servicios jurídicos del ayuntamiento.

El exalcalde ha negado que el contenido del convenio de 2001 se hubiera preparado de forma que beneficiara a los intereses urbanísticos de Samper, ya fallecido, para añadir que él no planteó la edificabilidad de los terrenos adquiridos por este promotor, ni dio instrucción alguna a los técnicos del consistorio para que redactaran informe en la dirección que deseaba.

Cámara ha recordado que en el pleno municipal en el que se aprobó el convenio urbanístico, de los 29 concejales que integraban la corporación votaron a favor 27, incluidos los ediles socialistas,"que lo apoyaron fervientemente".

Y ha añadido que el entonces presidente de ese grupo municipal, José Salvador Fuentes Zorita, llegó a decir que "lo había estudiado hasta la última peseta y que lo consideraba muy positivo".

El segundo en declarar ha sido el que fuera director de la Gerencia de Urbanismo, Pedro Morillas, que también ha defendido la legalidad a la que se ajustó todo lo relacionado con este convenio urbanístico.

Ha comentado que jamás recibió indicación alguna de sus superiores, "lo que nunca habría permitido", aseveró, y que la decisión inicial de no obligar al promotor a la entrega del diez por ciento del aprovechamiento urbanístico fue porque éste aportó una cantidad muy superior a la que habría supuesto ese porcentaje, ya que entregó dinero y el nuevo estadio.

Como había hecho antes Cámara, Morillas se ha referido también a las tres sentencias de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia que consideraron ajustado a derecho el texto del convenio, con excepción de lo referido al 10 por ciento, que determinó que el consistorio debía exigirlo.

El que fuera gerente de Urbanismo ha reprochado al fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, que confundiera las siglas SMI, que figuraba en un escrito suyo que le fue incautado y que se referían al Servicio Municipal de Información, con las de una empresa de Samper, para concluir de ello que aquel estaba supeditado a lo que dijera el empresario.

"Fue una auténtica mentira, y aún estoy esperando una disculpa", ha comentado visiblemente dolido, porque, ha añadido, era todo lo contrario a lo real, "porque Samper no me podía ni ver".

La vista continuará la próxima semana con la declaración del ex jefe de Planeamiento Joaquín Peñalver, pero su recorrido en este proceso será corto, ya que el fiscal ha expuesto en esta primera sesión que los hechos que le atribuye han prescrito.

En cuanto a la solicitud de prescripción reclamada por los otros dos acusados, ha dicho que todo estará en función de que el delito de prevaricación que se les atribuye se entienda que fue continuado o no.

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Lo que sí ha dicho también el fiscal Anticorrupción es que retiraba su petición de que se declarara la nulidad del plan parcial correspondiente y del programa de actuación, proyecto de reparcelación y licencias residenciales.

Igualmente, ha retirado otra de sus solicitudes, la referida a que se entendiera que la Junta de Compensación no tenía derecho a percibir indemnización alguna por aquella nulidad inicialmente reclamada al considerar que había actuado con mala fe.

La fiscalía, en sus conclusiones provisionales, reclama para Cámara y Morillas diez años de inhabilitación, y para Peñalver, ocho años y siete meses, en el caso de los dos últimos, como cooperadores necesarios y por inducción.